Los juristas Williams Bascopé y Franco Albarracín enumeraron una lista de vulneraciones a los derechos de Camacho, investigado por el caso golpe I durante la crisis política de 2019.

Entre las vulneraciones está el derecho a la defensa, a tener certeza de lo que se lo acusa, a la salud y ser asistido por un médico, a la seguridad de vida, a tener la visita de sus familiares, a un debido proceso, a la presunción de inocencia.

Ambos coincidieron que la Fiscalía actúo de manera ilegal vulnerando los derechos humanos de Camacho, además de no existir un argumento legal para justificar su traslado a la ciudad de La Paz.

De acuerdo a Bascopé, la detención de la autoridad departamental fue desproporcional en el uso de la fuerza, por lo tanto, se violaron garantías y los derechos que tiene cualquier ciudadano. Albarracín añadió que la violencia ejercida se ha registrado en videos e imágenes fotográficas.

Detalló que al momento de su detención estaban en la obligación de mostrarle la orden de aprehensión emitida por autoridad competente. Lo que no paso en este caso.

Pero no es solo eso,  tampoco le explicaron las razones de su aprehensión, ni le informaron a donde lo iban a conducir; en ese momento se fractura el derecho a la defensa y el derecho a conocer de qué se lo acusa.

“Es su primer derecho vulnerado, su derecho a la defensa. Luego no se le da la posibilidad de que después de estar detenido pueda hacer una llamada a su abogado de confianza para decir que lo están deteniendo y que lo llevarán a un determinado lugar, no le permiten eso, lo reducen, lo secuestran con rumbo desconocido”, explicó Bascopé.

Albarracín, experto en temas de derechos humanos, acotó que el gobernador no tuvo comunicación con su aprehensión se le realizó la revisión médica de rutina, se desconoce si Camacho autorizó no solo ser fotografiado sino difundida la imagen.

Camacho, fue convocado en más de una oportunidad a declarar, la última citación fue en julio en la ciudad de Santa Cruz, misma que fue suspendida por los fiscales, indicando que harían otra citación, sin embargo, se ejecutó directamente la orden de aprehensión.

“En el mes de noviembre, el 30, aparece el fiscal general, indicando que van hacer nuevas citaciones, pero ya existía orden de aprehensión del 31 de octubre, es decir durante todo este tiempo los abogados no sabían y se les oculto esta información, porque tranquilamente podían activar una acción de libertad o un incidente, sin embargo, no lo hicieron les ocultaron, lo que significa que el poder judicial y la Fiscalía se están prestando para vulnerar derechos de cualquier ciudadano y más del Gobernador”, cuestionó Bascopé.

Las ordenes de aprehensión no se pueden ejecutar durante la vacación judicial según la circular 19/2020 del Tribunal Departamental de Justicia, además la Ley 025 en su artículo 126 expresa que se suspenden los plazos y no se ejecutan estas disposiciones. Medidas que no se cumplieron en el caso de Camacho.

También la Sentencia Constitucional 0709/2000, la Sentencia Constitucional 047/2006, la Sentencia Constitucional 1010/2012 y la Sentencia Constitucional 0240/2019, han expresado y dictado que las ordenes de aprehensión están prohibidas de ejecutarse en vacación judicial para precautelar los derechos humanos de cualquier persona y evitar abusos de poder de las instituciones estatales, como es la Policía, Fiscalía y otras entidades.

“Lo que hacen con el señor Camacho es una suerte de confinamiento, una suerte de violencia física - moral, porque no lo están dejando acceder a un servicio médico o visitas de sus familiares, esto también está penado”, dijo Bascopé

Explico que el artículo 110 de la Constitución Política del Estado (CPE), dice que las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas, la vulneración de los derechos constitucionales se hace responsable a sus autores intelectuales y materiales

“Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos sin que puedan servirles de excusa el haberlos cometido por órdenes superior, y la incomunicación que está ejerciendo la Policía y la Fiscalía es atentar contra los derechos elementales y básicos de un ciudadano, pero esta práctica casi siempre ha sido común por la Fiscalía y Policía, por impericia, por abuso, por arbitrariedad y en este caso lo están haciendo por una orden política del Gobierno.

El artículo 114 de la Constitución dice que, queda prohibido toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, excepción o cualquier forma de violencia física o moral.

Durante horas Camacho no tuvo contacto con sus familiares y abogados denunciaron estos. Además, que no los notificaron que la Fiscalía había decidido suspender las declaraciones y activar directamente la aprehensión.

Albarracín también precisó que lo "acusan con delitos contrarios al estándar internacional de DDHH. Claramente el Ministro de Gobierno se encuentra vulnerando los derechos humanos".

A estas horas de la noche la audiencia de medidas cautelares continúa, en esta instancia se decidirá la situación jurídica de Camacho. La Fiscalía ha pedido su detención preventiva en Chonchocoro.