Antes de conocer el fallo, el juez dio la palabra al Gobernador cruceño quien manifestó: “Nunca me voy a rendir, los cruceños seguimos luchando hace muchos años contra el abuso del masismo. Ésta es una lucha por la democracia y la libertad, una lucha por Bolivia. A los bolivianos que me escuchan: No dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y en Cuba”.

El juez anunció además que se desarrollará una audiencia de reconsideración jurídica al término de la detención preventiva, es decir para abril de 2023. La defensa de Camacho adelantó que apelará el fallo y los denunciantes también anunciaron lo mismo porque señalaron que no están de acuerdo con el tiempo de cumplimiento de esa medida.

La audiencia fue programada para las 17:00, pero empezó después de las 17:20 de forma virtual. En la primera parte, que duró más de dos horas, la defensa presentó los incidentes, entre ellos el de nulidad que fue rechazado por el juez a pedido de la Fiscalía. Pacheco determinó que la “aprehensión de Camacho fue legal”. Pasadas las 21:00 se inició la audiencia cautelar.

Cuestionan el operativo

Expertos y allegados a Camacho enlistaron nueve vulneraciones a los derechos humanos durante la aprehensión de Camacho: 1. Violencia en el operativo de aprehensión. 2. Falta de argumentos legales para ejecutar la captura sin previa citación o notificación. 3. Contradicción por la cita y negativa a reconocer que tiene un domicilio habitual. 4. Persecución en vehículos particulares. 5. “Secuestro” por encapuchados que no se identificaron como policías. 6. La falta de una notificación con la orden de aprehensión. 7. Lesiones al equipo de seguridad del Gobernador. 8. Disparos de gases lacrimógenos y rotura de vidrios al vehículo del Gobernador y sus escoltas y 9. Negativa de la Policía a que Camacho reciba sus medicamentos en las celdas.

El abogado y exjuez Roger Valverde cuestionó tres puntos: El uso excesivo de la fuerza por parte de policías, la falta de un argumento legal que justifique la aprehensión en estas fechas y la incongruencia sobre la citación para la toma de declaraciones.

Valverde, que en este mismo caso ejerce la defensa del exjefe militar Flavio Arce, recordó que la denuncia fue presentada en noviembre de 2020 y que los fiscales tuvieron dos años para investigar, notificar, citar y valorar si existía la necesidad de aprehenderlo de esa forma, pero no lo hicieron y autorizaron un violento operativo.

La asistente del Gobernador, Graciela Ortiz, relató a Página Siete que el miércoles un grupo de al menos 45 encapuchados fuertemente armados, en cuatro vagonetas, rodearon el vehículo que era conducido por Camacho, lo obligaron a detenerse, rompieron los vidrios y con brutalidad los bajaron del motorizado, lo lanzaron al piso y lo enmanillaron, luego “cargándolo en hombros” lo subieron a otro vehículo para fugarse con él.

Ortiz señaló que los que presume eran policías de unidades especiales, cometieron otras cuatro vulneraciones en el operativo: no se identificaron, no mostraron ninguna orden de aprehensión, causaron daños al vehículo de la Gobernación e hirieron a miembros del equipo de seguridad que seguían al motorizado de Camacho, como consta en videos difundidos por los medios de comunicación.

Por su lado, la prima del Gobernador, Natalia Ibáñez, denunció que en La Paz los policías no le permitieron entregar ropa ni medicamentos para que Camacho tenga las mínimas condiciones para dormir en la Felcc.

“No nos permiten darle condiciones”, expresó la familiar luego de ver por algunos minutos a Camacho, quien fue trasladado a celdas policiales donde no cuenta con colchón ni frazadas.

Consultado sobre todo el procedimiento, el fiscal Omar Mejillones dijo que desconoce el tema, pese a que en la jornada previa los medios de comunicación revelaron videos y testimonios de cómo actuaron los encapuchados. “No tengo ninguna información de cómo se ejecutó esa orden de aprehensión (por parte de la Policía)”, respondió Mejillones, de manera breve.