¿Respetó el Gobierno la calidad de autoridad electa de Camacho? ¿Midió la fuerza movilizadora en Santa Cruz? ¿Efectivamente buscaba pacificar el país y dejar las investigaciones de los hechos violentos a la justicia, siempre en crisis?

Ahora, el Gobernador cruceño está aprehendido, tras un operativo que, con ribetes de película, ejecutó el Ministerio de Gobierno para trasladarlo a La Paz, ejerciendo violencia y sin mostrar una orden de aprehensión de la que los bolivianos nos enteramos la jornada de ayer, pese a que fue emitida el 31 de octubre.

La convicción en el MAS de que Camacho debe responder por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas durante la crisis política de 2019, se contradice con la escasa atención que esas víctimas han recibido durante este tiempo, como lo han denunciado ellas mismas.

Es más, en medio de la pugna interna del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), la aprehensión de Camacho, más que un acto de justicia, como dicen en el oficialismo, se presenta como un botín político de una facción sobre otra o como una especie de presente a la facción liderada por el expresidente Evo Morales, que había reclamado al Gobierno acciones contra la autoridad cruceña.

En corto tiempo sabremos si esta acción limará asperezas y reunificará al MAS o, más bien, terminará por imponer una facción sobre otra.

Lo que sí queda claro es que la tregua en Santa Cruz ha terminado. Tras el largo paro por el censo, hay movilizaciones, enfrentamientos y ataques en calles y carreteras con una tensión y violencia crecientes. 

Por los pronunciamientos en distintos puntos del país, el conflicto no se circunscribirá solo a Santa Cruz. Ojalá podríamos confiar en una justicia proba, pero ello resulta más increíble incluso que este operativo se haya ejecutado en Día de Inocentes.

Así, a solo tres días de Navidad, volvemos a dinamitar la paz en Bolivia.