Una multitud se congregó en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para pedir justicia por las víctimas de la represión que ordenó el gobierno de facto de Jeanine Añez, quien llegó al poder con el apoyo del excívico Camacho.

“Como es de conocimiento público, se ha ejecutado un mandamiento de aprehensión conforme el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Como sucede regularmente en estos casos, ya se tomó la declaración del señor Luis Fernando Camacho, ahora nos dirigimos a revisar todos los antecedentes para ver qué se va a disponer”, explicó el fiscal Óscar Mejillones, quien dispuso que se emitiera una orden de aprehensión contra Camacho ya el 31 de octubre, por el caso Golpe de Estado I.

Mejillones dio a conocer que, como corresponde, el sindicado pasó la noche en celdas de la FELCC. El exrepresentante del Comité Cívico pro Santa Cruz publicó una imagen de su discurso el momento de dar su declaración.

Allí afirmó que, si bien se acogía a su derecho al silencio, daba su declaración de manera voluntaria. También aseguró estar orgulloso de su participación en la desestabilización del gobierno de Evo Morales a la que llamó “la lucha más grande de Bolivia”.

Ayer por la mañana, cerca del mediodía, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó a través de sus redes sociales que Camacho había sido aprehendido.

“Informamos al pueblo boliviano que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, escribió.

Horas más tarde, a través del mismo medio, desmintió que el político hubiera sufrido daño de algún tipo al momento de su detención. Por el contrario, aseguró que su estado de salud era estable, para más tarde publicar una fotografía en la que se lo ve recibiendo atención médica una vez en La Paz.

Para entonces la violencia escalaba en Santa Cruz de la Sierra, donde partidarios suyos y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista —ala operativa del comité cívico cruceño— incendiaron y vandalizaron dependencias de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, intentaron tomar el Comando Policial de este departamento y causaron desmanes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, mientras amedrentaron a funcionarios, policías y militares para intentar revisar las dependencias en busca del excívico.

Por otra parte, manifestantes que buscan que Camacho responda por su responsabilidad en el golpe de Estado y por las masacres de Senkata, Sacaba y las muertes del Pedregal llegaron hasta el aeropuerto de El Alto, las oficinas de la fiscalía para dar a conocer sus pedidos de justicia. Incluso ante el frío y la lluvia, los protestantes continuaron en vigilia, a la espera de noticias en inmediaciones de la FELCC.

La principal denunciante de este caso, la exdiputada Lidia Patty, aseveró que el Ministerio Público actuó en favor del pueblo boliviano. Recordó que esta denuncia se realizó dos años atrás y que su principal deseo es que las 37 muertes, los 800 heridos y los presos políticos del régimen de facto encuentren justicia en estos hechos, que no se queden en la impunidad.

“La justicia divina llega tarde o temprano, ya era hora (la aprehensión) porque hemos presentado acción de cumplimiento, hemos presentado siete memoriales para la aprehensión de Camacho, las almas, Dios y la Pachamama tenían que hacer justicia”, afirmó en una entrevista con Bolivia TV.

Golpe I, el político contra la constitución y el Estado boliviano

El caso por el que fue aprehendido ayer Luis Fernando Camacho Vaca se denomina Golpe de Estado I. En él, Camacho está denunciado, junto a todo el gabinete de la exsenadora Jeanine Añez, y ella misma entre otros, por presuntos delitos de terrorismo y conspiración.

La principal denunciante y promotora de este proceso es la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales de 2020, por los actos que involucran a los acusados en el golpe de Estado de 2019. Entre ellos, además de Camacho, está sindicado su padre.

Previo a su aprehensión —que fue ordenada por el fiscal Omar Alcides Mejillones— la declaración de Camacho fue suspendida en dos ocasiones, la primera en septiembre de 2021, en La Paz, porque su padre no llegó a la sede de gobierno para brindar su declaración. Para ello presentó un documento médico que argumentaba su imposibilidad de viajar a la urbe, debido a su altura.

La segunda, el 11 de julio de 2022, cuando una comisión de fiscales se trasladó hasta Santa Cruz para tomar las declaraciones de Camacho y su padre, José Luis Parada. Este último se acogió a su derecho a guardar silencio y cuando tocaba tomar la declaración del exrepresentante cívico, la comisión de fiscales recibió presuntas amenazas de muerte, motivo por el cual se tuvo que suspender la declaración.

Según diferentes pruebas, como un video difundido en las redes sociales, en el que Camacho reveló que su padre cerró un acuerdo con militares y policías para que no salieran a reprimir las movilizaciones en contra del gobierno en 2019 — en el que afirmó: “Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan (…) con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”— es que la comisión de fiscales decidió que la presencia del político cruceño era necesaria para continuar la investigación.

 “Toda vez que existen elementos de convicción suficientes que demuestran su probable participación en el hecho que se investiga, así como también la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso”, puede leerse en la Resolución de aprehensión que se emitió en su contra.

Terrorismo, un delito grave pero no el único por el que es acusado el excívico

En el proceso Golpe de Estado I, Camacho es denunciado por el supuesto delito de terrorismo, el cual está penado con 15 a 20 años de cárcel. Sin embargo, además el opositor tiene por lo menos cuatro procesos más en La Paz y otros, en Santa Cruz.

Así lo informó ayer Israel Quino, abogado constitucionalista, durante un contacto con Bolivia TV.

“Uno de los delitos mayores por el que se lo acusa es el de terrorismo, que son todos aquellos actos destinados a subvertir el orden constitucional, es decir, contraponer el mandato de la Constitución, con actos violentos que causen zozobra”, detalló.

Según Quino, los delitos que se investigan en contra de la seguridad del Estado tienen como jurisdicción el departamento de La Paz, donde tiene por lo menos cuatro procesos más.

Mientras en Santa Cruz, le esperan denuncias por corrupción —por ejemplo, la supuesta compra con sobreprecio de un carro bombero—, tres nuevas denuncias por los fallecimientos acontecidos durante el paro cívico que duró 36 días, y una acusación por delitos sexuales, que se hizo pública recientemente.