Camacho fue interceptado cuando transitaba una de las calles de Santa Cruz por encapuchados que luego fueron identificados como agentes del Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (GIOE), cuyo jefe nacional es el coronel Herlant Aldo Portanda Ustárez, que también dirigió los operativos contra el excívico potosino Marco Pumari, en diciembre de 2021.

“Lo bajaron del vehículo en el que él iba, rompieron el vidrio, se lo sacaron y se lo llevaron. Yo estaba en la casa, salí y llegamos detrás de ellos, nos estaban esperando tres vehículos de narcóticos, nos cerraron, nos chocaron y de ahí comenzaron a disparar”, dijo uno de los choferes del gobernador que presenció los hechos.

El abogado Omar Durán manifestó a EL DIARIO que el “secuestro” de Camacho no tiene precedentes.

“Ni en los tiempos de dictadura se vieron cosas similares, eso es ir contra los derechos humanos, el país puede ser sancionado porque jamás se debe aprehender así. Los policías deberían acercarse y aprehenderlo, sin necesidad de esos extremos”, apuntó.

El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, calificó el hecho como un secuestro violento y anticipó que se convocará a las instancias cruceñas para tomar acciones ante el traslado del gobernador.

La asambleísta Paola Aguirre, coincidió en calificar el operativo como un secuestro y dijo que hubo disparos de armas de fuego, aunque aquello pudo ser los gases lacrimógenos que usó el grupo de Inteligencia para reducirlos.

“Quiero denunciar el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho, que fue interceptado por un vehículo con personas armadas que han disparado contra las personas que se encontraban acompañando al gobernador tras una reunión con los subgobernadores”, manifestó la asambleísta departamental.

Medios de comunicación  locales mostraban que Camacho era trasladado a Chimoré como una primera escala antes de ser derivado a la sede de gobierno, donde ya se instalaban las “vigilias” de grupos masistas que pedían “justicia” para las denominadas “víctimas de Senkata y Sacaba”, pero también por “las muertes del paro de 36 días” que se desarrolló en Santa Cruz durante noviembre por el tema del censo.

“Todos los fanáticos masistas y funcionarios públicos están haciendo vigilia con wiphalas, rara es la tricolor, pero además con una muestra de racismo y odio, y esto es utilizado por el Gobierno para imponer arbitrariamente sus decisiones políticas”, expresó el abogado constitucionalista Williams Bascopé.

El 31 de octubre se emitió una orden de aprehensión firmada por el fiscal Omar Mejillones a denuncia de la exdiputada masista Lidia Patty y bajo la figura de supuesto “terrorismo” en grado de “autoría”, según el artículo 133 del Código Penal.

La Fiscalía General luego emitió un comunicado para rechazar que el operativo haya sido un secuestro y recordó ese antecedente del “golpe I” que ya tiene a la expresidenta Jeanine Añez encarcelada desde marzo de 2021.

“La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Asimismo, el ciudadano Luis Fernando Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso, desde su inicio en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”, cita la nota de la Fiscalía General.

Después de horas de incertidumbre por el paradero del Gobernador, a las 19.12 horas, llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para prestar su declaración.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicó la primera imagen del gobernador cruceño calificándolo como un “privado de libertad”.

“Comunicamos al pueblo boliviano que, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad”, tuiteó el funcionario sin revelar mayores datos.

SECUESTRO

El abogado William Bascopé, en entrevista con radio Fm La Paz, explicó que la forma en que fue detenido Camacho es un secuestro porque el aprehendido tiene derecho a un patrocinador y a ser notificado previamente, extremo que según aclaró el abogado que patrocina a la autoridad no sucedió.

Advirtió que el procedimiento de incomunicación y el desconocimiento de su paradero, por varias horas, responden a la figura de secuestro, y vulnera las garantías constitucionales.

“Esta acción es una demostración de poder y de que el Gobierno no es aliado de la derecha.

Este caso es montado y con el mismo caso se detuvo a Jeanine Añez. En este caso no hay golpe de Estado, porque el propio Congreso amplió mandato de Añez”, aclaró.

Asimismo, dijo que es un insulto a la Inteligencia del ciudadano, y que están cometiendo abuso arbitrario en el uso de la fuerza pública, y generan odio entre oriente y occidente que puede llevar a un Estado irreconciliable que puede provocar una reacción que no se sabe en qué puede terminar.

“En Santa Cruz la gente salió a tomar la Policía y nos guste o no guste, al detener a Camacho están tocando el orgullo cruceño porque se los está maltratando”, dijo.

DATOS

El 12 de julio de 2022, la Fiscalía determinó suspender la declaración de Luis Fernando Camacho en el caso denominado “Golpe de Estado I”, bajo el argumento de que los fiscales recibieron amenazas y temían por su vida.

“La comisión de fiscales ha sufrido una serie de amenazas muy graves (…) cosas que por decir quieran atentar contra la vida de estos miembros de la Fiscalía. En ese entendido es que vamos a dar por suspendida la declaración informativa en calidad de sindicado del señor Luis Fernando Camacho, toda vez que la comisión de fiscales teme por su vida”, dijo el fiscal Carmelo Laura, en la oportunidad.

El fiscal dijo que las amenazas a los fiscales fueron recibidas mediante llamadas anónimas y que las harían conocer a la Fiscalía de La Paz, que está a cargo de las investigaciones, no obstante, a la fecha, no se conoce de una investigación al respecto.

Después de la suspensión de la declaración de Camacho, el abogado Eusebio Vera que patrocina a dos exjefes militares imputados por este caso, manifestó a EL DIARIO que al Gobierno y al Ministerio Público no les interesa llegar a la verdad histórica de los hechos.

“Como entidad persecutora dentro del caso golpe I, al Gobierno no le interesa dilucidar y llegar a la verdad histórica de los hechos, porque ellos saben muy bien que la tesis del golpe, como ellos manejan, se va a caer porque no tiene fuerza, contundencia y que además el libreto que ellos manejan jamás ha tenido una carga probatoria”, manifestó Vera en entrevista anterior con este medio.

Apuntó que todos los bolivianos son testigos de lo que ocurrió en noviembre de 2019, y la verdad será señalada por el 75 % de la población, y el resto, que tiene una mentalidad política, dirá que fue golpe.

“Tenemos que analizar un contexto de integralidad de todo lo que ha sucedido en Bolivia para que culmine en la manifestación y en los movimientos de carácter social a partir del 21 de octubre de 2019, para todos esos actos obviamente hubo causales, culpables, para que la gente reaccione cansada de que no le hayan respetado su voto del 21 de febrero de 2016, que no exista una justicia independiente y que no se haya respetado la decisión soberana de este pueblo cuando un Tribunal Constitucional habilitó, mediante la Sentencia Constitucional 084/2017, por cuarta vez, de manera irregular, que Evo Morales y sus acólitos vayan a las elecciones de 2019. Como un tercer elemento causal que rebasó la paciencia del pueblo boliviano fueron los indicios de fraude, por las irregularidades en los comicios de octubre de 2019”, dijo el jurista.

Recordó que las presuntas irregularidades en las elecciones de 2019 fue la detonante para que los bolivianos reaccionen.

“Esa fue la detonante para que digan basta a un dictador, a actos de corrupción, de que el pueblo sea manejado como un feudo de los masistas. No fue Fernando Camacho, (Carlos) Mesa, (Jeanine) Añez, no fueron los actores políticos para que se inicie ese movimiento popular, sino que fue por iniciativa propia, el cual fue aprovechado y empoderado por Camacho, que posteriormente liderizó esos movimientos cívicos porque no teníamos un líder visualizado, surgió de manera accidental porque nadie lo llamó”, recordó.

Apuntó que las situaciones se fueron dando y Camacho capitalizó todo ese descontento y cansancio del pueblo, “de decir alto a un sujeto angurriento de poder”.

Reiteró que la renuncia de Evo Morales fue un triunfo de los bolivianos de querer ser libres, de tener un Estado democrático, que sus instituciones se respeten, que haya libertad de expresión porque el Gobierno quería cooptar todo y acallar a esas voces que eran contrarios a su posesión política.