El 2023 será un año electoral en el Comité pro Santa Cruz. Antes de la primera quincena de enero, la directiva de la institución debe convocar a elecciones para renovar la directiva que estará en funciones en los próximos dos años.

El primer vicepresidente de la entidad, Fernando Larach, remarcó que los nuevos dirigentes tendrán bajo su responsabilidad la “revisión de la relación del Estado con Santa Cruz”, un mandato aprobado en el cabildo del 13 de noviembre y que está pendiente. “Es un tema que trasciende la gestión”, apuntó el dirigente en un contacto con EL DEBER.

“En 2023, necesitamos hablar del pacto fiscal; necesitamos hablar del padrón electoral, de la reforma a la Justicia. Además, y sobre todo, tenemos un mandato claro que dio el cabildo de noviembre y que nos manda a revisar la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado. Hay que dejar claro que esta revisión se dará en el marco de la unidad del Estado boliviano y hay que hacer énfasis en esto porque se insiste en hablar de un supuesto separatismo de Santa Cruz y, de ninguna manera, el Comité tiene la intención de plantear algo parecido”, remarcó el dirigente cívico.

Desde que se fundó, en 1950, en el Comité pro Santa Cruz no se dio la reelección de sus presidentes; eso sí, los vicepresidentes ascendieron en varias ocasiones.

 Consultado al respecto, Larach dijo que el Estatuto de la institución prohíbe a sus dirigentes hablar de candidaturas antes que los comicios sean convocados de manera oficial. “Eso no corresponde ahora”, remarcó el dirigente.

“El Estatuto manda que la primera quincena de febrero debe realizarse la elección y que la convocatoria a la misma debe realizarse entre 30 y 45 días antes de la fecha. En ese sentido, el directorio debería reunirse en la primera quincena de enero para conformar la junta electoral y la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad y así comenzará el proceso electoral”, precisó.

Respecto al mandato principal del cabildo de noviembre, Larach precisó que “se debe plantear un modelo de lo que significa ser y hacer lo que somos los cruceños”.

En ese sentido, no fijó una postura respecto al modelo que puede adoptar Santa Cruz con la perspectiva de profundizar la descentralización administrativa. Recalcó que el principio de este proceso tiene que ver con una lucha en favor de las libertades y los derechos ciudadanos que deriven en un nuevo pacto con el Estado.

“Que nos dejen producir y que no nos coarten nuestros derechos. Tres de cuatro años hemos entrado en paros para defender los derechos de todos los bolivianos que están en esta tierra”, apuntó.

En 2019, los cívicos llevaron adelante la protesta de los 21 días que demandó el respeto al referéndum de 2016 que le había prohibido a Evo Morales repostularse a la presidencia para un cuarto periodo constitucional, una prerrogativa que está vetada constitucionalmente. En 2021, hubo otra protesta por la anulación de la llamada ‘ley madre’ que planteaba modificaciones de varias normas para endurecer las investigaciones por lavado de activos. Varios constitucionalistas coincidieron que esa normativa violentaba libertades y derechos.

Este año se produjo el paro más prolongado de la historia de Santa Cruz, pues se extendió por 36 días en demanda de un censo oportuno y transparente; para que sus resultados se apliquen antes de los comicios nacionales de 2025.

A raíz de esta prolongada movilización, el Comité Cívico, que forma parte del Comité Interinstitucional por el censo, se planteó la revisión de la relación entre el Estado boliviano y Santa Cruz.

El gobernador Luis Fernando Camacho ratificó ayer que esa lucha pasa por el federalismo en el país, un modelo de Estado que para aplicarse debe pasar por una reforma a la Constitución Política.

A través de un video, Camacho destacó la resistencia del pueblo cruceño en las calles que exigió un censo oportuno y transparente y adelantó que en 2023 la lucha se enfocará en el federalismo.

Para el gobernador cruceño, este 2022 se cierra como “un gran año”, recordando el paso al frente dado por el departamento de Santa Cruz en defensa de la democracia y los derechos de las regiones. Agregó que ni la persecución política, ni los avasallamientos lograron detener a la Santa Cruz “alegre, productiva y trabajadora”.
“Por eso, este 2023 desde Santa Cruz vamos a impulsar el camino federal. El año que viene pondremos todo nuestro esfuerzo para concluir ese federalismo con el que soñaron nuestros abuelos y nuestros padres”, indicó la autoridad, quien aseguró que este modelo unificará a Bolivia “con los nueve departamentos”.

Dijo que se busca el federalismo para que “nunca más un Gobierno central abuse de los bolivianos”. “Queremos un federalismo con trabajo, con justicia y con oportunidades para todos. Un federalismo para que el MAS respete nuestro modo de ser camba, y respete el modo de ser de cada departamento, que respete nuestro amor a la libertad y a la democracia, que respete nuestra verde, banco y verde, nuestra fe, nuestro himno, y, en suma, que respete nuestra identidad”, apostilló el gobernador.

Desde el partido gobernante la percepción es diferente. El MAS impulsa una investigación penal contra los dirigentes que promovieron las protestas por el censo. Además, esperan que Camacho sea interpelado en el Senado tras el receso legislativo de fin de año.

“Una vez retornemos del receso fijaremos la hora y fecha para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dé su informe oral sobre los días de paro que costaron vidas, pérdidas millonarias y violaciones de derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El constitucionalista José Luis Santistevan consideró que el MAS está enfrentando una crisis profunda que, en 2023, puede derivar en conflictos sociales y tensiones con las regiones. En ese sentido, señalo que “esta crisis puede ser una oportunidad” en favor de la reflexión sobre la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano.

Para este proceso se conformó una comisión que comenzó a trabajar para consolidar una propuesta que se debe presentar el 24 de septiembre de 2023, precisó Larach, respecto a la agenda que debe asumir el Comité.