Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 25 de diciembre de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El monto presupuestado se conoce después del anuncio que realizó esta semana el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, acerca de que “con seguridad” el tema de la elección de magistrados está en la agenda 2023 del Legislativo. La autoridad no hizo referencia a la crisis judicial ni a la reforma que debe encararse en esa materia.
En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 prevé 10.648.357 bolivianos para la categoría programática “Reforma de la justicia, acceso a la justicia y derechos fundamentales”. Se trata de una asignación presupuestaria del ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
En contacto con Página Siete, Rubén Darío Cuéllar, integrante del grupo de Juristas Independientes, rememoró que cuando asumió el actual gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció un proceso de reforma, que no llegó a buen puerto.
El jurista agregó que le siguieron otros intentos, pero que no pasaron de ser propuestas en abstracto, sin ningún desarrollo y menos socialización con la ciudadanía, acerca de en qué consiste las propuestas de reforma, y si de llevarlas adelante implicaban un profundo cambio de las bases estructurales del régimen judicial, que “son las que necesitan ser cambiadas”.
“Por lo tanto –aseguró Cuéllar-, yo quedo con la misma duda que con las anteriores veces que el Ministro ha anunciado”.
García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, visitó Bolivia entre el 15 y el 22 de febrero, a invitación del Gobierno.
En su informe final, que se difundió a mediados de año, concluyó que la elección por voto popular de los altos magistrados no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencia política, no asegura el nombramiento de personas idóneas ni ha generado legitimidad en los procesos de votación (2011 y 2017), los cuales estuvieron marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco.
En ese reporte, el Relator recomendó a “todos los sectores relevantes” impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes, ello “para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo”. En ese marco, García-Sayán instó también al Ejecutivo “a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del Órgano Judicial”.
No obstante, José Luis Porcel, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que el presupuesto para “reforma de la justicia” se lo incluyó en el PGE 2023 sin que haya un plan ni consenso para llevar adelante un proceso de esa naturaleza y de manera profunda.
“No solamente es eso. Por ejemplo, en el PGE se destinó dinero para la defensa del mar y del Silala dos casos que hemos perdido en La Haya. Es decir, esa es una muestra de que no hay la mínima coherencia. Por donde sea que veamos, en todos los ministerios, vamos a encontrar ese tipo de falencias e irracionalidades”, aseguró a este medio el legislador de CC, que integra la Comisión de Planificación, instancia que trató el PGE 2023.
Alina Canaviri, diputada del MAS y secretaria del Comité de Planificación e Inversión Pública de la Comisión de Planificación, replicó que en el tratamiento de PGE en el Legislativo consideraron que los recursos presupuestados por los ministerios son necesarios.
“Todos los presupuestos que vienen de los ministerios de nuestro Presidente, de los ministros que salen, hemos considerado que son necesarios. Entonces, estamos en esto para seguir sirviendo mejor a nuestra sociedad, para seguir sirviendo mejor a la justicia. Porque a veces por presupuesto hay muchas cosas que se van suspendiendo o no se van haciendo acciones”, aseguró a este medio de difusión la legisladora del MAS.
El diputado José Manuel Ormachea, de CC, aseguró que al parecer el poder central “no tienen mucha intención de avanzar hacia la reforma judicial”. Sostuvo que se deben fiscalizar esos recursos destinados a la partida presupuestaria “reforma de la justicia”. Con todo, el legislador indicó que le parece alarmante que el presupuesto destinada al ámbito judicial sea del 0,9% del consolidado del PGE.