La Paz, 21 de diciembre de 2022 (ABI). – La Cámara de Senadores emitirá una nueva conminatoria para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rinda un informe oral por los 36 días del paro cívico, sin embargo, advirtió con apelar a la vía penal sino responde a esta segunda convocatoria.

El 15 de diciembre, Camacho debía comparecer a la Cámara de Senadores para responder a un conjunto de preguntas sobre los 36 días del paro indefinido que dejó al menos cuatro personas fallecidas, provocó la violación sistemática a los derechos humanos y más de $us 1.200 millones en pérdidas económicas.

En una nota que remitió al Senado, el gobernador justificó su ausencia con el argumento de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tuviera la tuición de fiscalizar a los gobiernos autónomos departamentales y municipales.

No obstante, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ratificó la plena facultad fiscalizadora de la Cámara Alta y anticipó que se fijará una nueva fecha para que el gobernador de Santa Cruz “pueda presentarse para rendir el informe oral respecto a estos hechos”.

Advirtió que si la autoridad departamental no comparece por segunda vez a la convocatoria se actuará como lo manda la normativa.

“Desde la Cámara de Senadores se va encaminar la conminatoria o activar por la vía penal de que está incumpliendo con su deber como autoridad pública y desde esta instancia se procederá, seguramente, después de que se cumplan los plazos o se vayan a agotar todas las instancias desde la Cámara de Senadores”, apuntó.

Dado que el 26 de diciembre iniciará el receso legislativo, la autoridad departamental será convocada para el mes de enero de 2023, precisó, a su vez, la vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón.

La senadora recordó que el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la atribución de fiscalización que tienen los legisladores a nivel nacional y que el artículo 135 de la Ley de Autonomías determina que “todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos están obligados a presentarse personalmente a brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa”.

“Como ente fiscalizador tenemos toda la tuición de solicitar a cualquier autoridad de cualquier entidad territorial autónoma del país que se presente a brindar informe si es que hubiera observaciones, denuncias o irregularidades de diferentes hechos”, insistió.

La legisladora espera que el gobernador “no vuelva a escudarse, cobardemente, en el argumento de que tiene una Asamblea Legislativa Departamental” para fiscalizarlo porque el paro no solo provocó pérdidas a Santa Cruz sino a todo el país.

Iniciado el 22 de octubre, el paro indefinido exigía al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

Durante su desarrollo se registraron al menos cuatro fallecidos, denuncias de violación a los derechos humanos, agresiones a las mujeres del pueblo indígena Ayoreo y una pérdida económica de alrededor de $us 1.200 millones.

La medida se extendió hasta el 26 de noviembre y fue suspendida luego de que la dirigencia del Comité Interinstitucional admitió que no era “sostenible” realizar la encuesta nacional en 2023 y aceptó la propuesta del Gobierno de organizar el proceso el 23 de marzo de 2024

Jfcch/Mac