En los meses de octubre y noviembre de 2019 estalló en el país una crisis política que puso en vilo al sistema democrático. En un contexto de expansión de movilizaciones sociales y de violencia en las calles, varios factores confluyeron ocasionando la anulación de las elecciones, la renuncia del presidente Morales y, en medio de irregularidades legales, la asunción de la senadora opositora Jeanine Añez a la presidencia interina. 

Los antecedentes de mediano plazo de la coyuntura crítica se remiten a la vulneración gubernamental del referéndum nacional celebrado el 21 de febrero de 2016 (21F), que había manifestado su negativa a proceder con la reforma constitucional para habilitar al binomio presidencial a un tercer mandato. La estrategia errática que siguió el gobierno fue el uso instrumental de disposiciones legales que provocaron la crisis de credibilidad de importantes entidades estatales como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Situación que estimuló movilizaciones de protesta en contra del gobierno, principalmente en las ciudades capitales de los departamentos y otros centros poblados urbanos en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. En ese sentido, se abría una grieta insalvable de deslegitimación del gobierno y, en la medida que acontecía la habilitación oficialista, una creciente desafección sobre la independencia de los órganos públicos. 

Después de más de una década de relativa estabilidad el campo político se fue dividiendo en dos polos antagónicos. Por un lado, el gobierno cerró filas para viabilizar las nuevas elecciones en las que nuevamente el binomio presidencial corría hacia una tercera reelección. Las fuerzas opositoras que se hallaban marginadas con escasa o nula incidencia, encontraron actores con cuerpo y capacidad de provocar movilizaciones de protesta y oposición. Asimismo, aparecían nuevos formatos de acción y activismo colectivo. Los actores congregaban a diversos grupos que no necesariamente confluían en posiciones, expectativas y demandas comunes ya que no existía un comando de acción o, al menos, no era fácil identificar a una estructura de mando. 

Polifonía de la protesta

Emergían protestas y movilizaciones esporádicas por y desde distintos ámbitos: comités cívicos, organizaciones de derechos humanos, profesionales del sector salud, colectivos de mujeres, jóvenes activistas, organizaciones políticas y otros. Sin embargo, el nodo de articulación que paulatinamente fue gravitando era la negativa común al uso maniqueo de las instituciones democráticas y, con ello, la expansión de desconfianza sobre la imparcialidad y la transparencia de las elecciones nacionales. 

La heterogeneidad de los grupos y los sectores movilizados abarcaba principalmente a jóvenes de sectores medios que veían con susceptibilidad el respeto de su voto, colectivos de mujeres feministas que se sentían agraviadas por las políticas y los discursos gubernamentales, sectores medios conservadores vinculados a grupos de presión con reivindicaciones regionales, oenegés medio ambientalistas, defensores de los derechos colectivos de indígenas de tierras bajas, estructuras corporativas de profesionales. Viejos y nuevos clivajes aparecieron ante la afrenta a la economía jurídica del Estado de Derecho y, sobre todo, ante la vulneración del efecto vinculante de la voluntad general expresada en el 21F. 

Las elecciones del 20 de octubre se desenvolvieron en un contexto pacífico a pesar de las tensiones y la desconfianza que traían consigo. Sin embargo, la decisión del TSE de bajar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en la noche de ese día y su restablecimiento 24 horas después con una nueva tendencia, ocasionó la explosión de la protesta ciudadana y el estallido de la violencia en las calles que visibilizó la fractura y división social de la sociedad boliviana que arrastra como herencia de la discriminación, el racismo y la desigualdad social. A partir de ese momento, las movilizaciones sociales adquirieron mayor intensidad en la confrontación simbólica y práctica que hizo imposible la negociación para viabilizar una transición ordenada. El gobierno de Morales actuó fuera de tiempo y vivió una derrota política ya que a cada decisión que emitió o buscaba canalizar, estas ya no encontraban recepción, asistencia e interlocutor. Como se dijo, la intensidad de la crisis llevó a la renuncia del presidente Morales y la asunción de Añez en un contexto confuso de vacío de poder y vulneración del orden legal.  

Gobierno autoritario

El gobierno de Jeanine Añez, a pesar de que el sostén político y social era extremadamente frágil, fue altamente temerario y agresivo. Actuó con saña e improvisación. Las masacres de Senkata y de Sacaba fueron denunciadas por organismos nacionales e internacionales de vigilia y defensa de los derechos humanos como una afrenta violenta del Estado contra la población. La improvisación e irresponsabilidad en la conducción de la pandemia del Covid-19, la habilitación como candidata presidencial y la intención de prorrogarse con motivo de la pandemia, ocasionaron movilizaciones que, asimismo, visibilizaron un nuevo despertar y replanteamiento de las organizaciones sociales de base popular respecto a las definiciones y las estrategias político-partidarias como en relación a la gobernanza democrática. Manifestaron otro sentir respecto a la defensa de la democracia, esto es, la demanda de una inmediata reinstalación del régimen democrático e inicio de un nuevo ciclo político vía el ejercicio de la soberanía popular expresada en el voto ciudadano. 

Un primer evento de expresión de esta nueva subjetividad colectiva fue la reacción de defensa de la whipala y de la mujer de pollera en El Alto, seguida de movilizaciones espontáneas u actos de protesta organizados en plena pandemia a través de la conformación de colectivos ciudadanos y juntas vecinales que manifestaban su rechazo y oposición a las decisiones del gobierno. Colectivos denominados “autoconvocados” y coordinadoras de sectores populares (re) aparecían en distintos puntos de las zonas periurbanas en las principales ciudades del país. Asimismo, ante la persecución y acoso a los dirigentes de las organizaciones populares, principalmente campesinas e indígenas acusadas de “masistas”, se renovaron y reconstituyeron en la clandestinidad que inició –en coordinación con la bancada del MAS-IPSP y de estructuras dirigenciales de base– una fuerte ofensiva de movilizaciones por la recuperación de la democracia y la pronta celebración de las elecciones generales. 

Repertorios de acción distintos

Como el caso de los sectores medios movilizados en contra de la reepostulación de Morales en octubre y noviembre de 2019; los sectores afines al MAS también combinaron actos de protesta ciudadana en redes y medios alternos de comunicación con actos de movilización ya sedimentados por las organizaciones populares como el bloqueo de calles, caminos y, las marchas de presión y acoso/cerco a la ciudad de La Paz. La extensión de estas acciones, ante la postergación de las elecciones en dos oportunidades, permitieron finalmente establecer la fecha definitiva que, finalmente, se concretó el 18 de octubre de 2020. 

El resultado fue el retorno del MAS-IPSP al poder con el 55% de la preferencia electoral a la cabeza de una nueva dupla presidencial: Luis Arce y David Choquehuanca. Ambos ex ministros del gobierno de Morales. La oferta electoral fue atender los asuntos más urgentes e inmediatos que demandaba la población: la crisis económica y una gestión eficiente de la pandemia. Con ello se inauguraba un nuevo ciclo en el que ya no estaban en el foco los actores tradicionales que habían adquirido centralidad política a lo largo de 14 años. Un nuevo ciclo que, además, se perfilaba como una oportunidad para retomar y, quizás, relanzar la agenda trazada por la CPE: la reinvención y edificación estatal en clave plurinacional, la profundización de la democracia intercultural y, el encauce de la sociedad hacia el “Vivir Bien”. 

Sin embargo, esta posibilidad es aún un “devenir-otro” o, mejor, un “por-venir”, ya que el desplazamiento de las dinámicas de poder que manifiesta la transición, esto es, los ímpetus colectivos expresados en las movilizaciones de octubre/noviembre de 2019, como de la reemergencia de lo nacional-popular en agosto/octubre de 2010, propone, como es habitual, el ajuste de la correlación de fuerzas y la reinstalación de una nueva estructura de relaciones de intercambio y de gobernanza política. [P]