El grupo de Juristas Independientes, que desde el pasado 28 de julio vienen promoviendo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una propuesta de Reforma parcial de la Constitución, alertaron en la semana pasada sobre varias dificultades y obstáculos de carácter administrativo que el Órgano Electoral no está resolviendo oportunamente y, por lo mismo, está dilatando los trámites y postergando la impresión de libros y recolección de firmas, que es el mecanismo central para posibilitar el referendo ciudadano modificatorio del texto constitucional.
Luego de varias demoras e incumplimientos de plazos que los juristas reclamaron del TSE, ahora destacan como un nuevo óbice la intervención que ha dispuesto el Órgano Electoral de los notarios de fe pública en las actas de apertura y cierre de cada uno de los libros de adhesión, norma vigente para la afiliación de militantes partidarios, pero prácticamente inaplicable al trámite de reforma parcial de la Constitución, no solo porque se trata al menos de 15.000 libros que tienen que recabar 1.5 millones de firmas ciudadanas en todo el país (el 20% del padrón electoral nacional), mientras que los partidos solo requieren la adhesión del 1.5% de ese mismo padrón, sino porque el régimen notarial ha sido modificado en los últimos meses por disposiciones del Ministerio de Justicia, de quien ahora depende, que ha dictado reglamentos que burocratizan y encarecen todo trámite notarial, pero que en el caso de los libros de adhesión ciudadana a un referendo popular tenderían a inviabilizarlo, ya que para cada acto notarial ahora el notario está obligado a pagar al Estado 4 Bs por la verificación del carnet de identidad del particular interviniente, y por el formulario de registro electrónico del acto notarial como tal. Estos 4 Bs. son los que el Notario paga al Estado como “valores”, fuera de sus horarios que oscilan entre 30 y 50 Bs. por libro.
Si tomamos en cuenta que el Notario Público tiene que intervenir 2 veces en cada libro de registro de adherentes, en el acto de apertura y en el acto de cierre, y multiplicamos ello por 15.000 libros, fácilmente los promotores de una reforma constitucional tendrían que erogar una suma mayor al millón de Bs.
Es claro que esos nuevos reglamentos “notariales” no pueden ni deben aplicarse a la apertura y cierre de libros de adhesión ciudadana a una propuesta de Reforma de la Constitución, sino a los actos de los particulares, como contratos, otorgación de poderes, reconocimientos de firmas y otros, por lo que, desde el pasado mes de noviembre los Juristas Independientes vienen solicitando al TSE que prescinda de dicha actuación notarial, dejando en manos del Secretario de Cámara del TSE la labor de “dar fe pública” a la corrección de las actas de apertura y de cierre de cada uno de los libros que se habiliten para la consulta popular.
Ya han pasado más de 20 días del petitorio que le fue hecho directamente al presidente Óscar Hassenteufel, que no ha tenido hasta ahora respuesta y, por ello, este pasado 14 de diciembre, se ha reiterado el petitorio a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, demandando su respuesta y aceptación inmediata, mucho más si estamos concluyendo el año 2022, con las demoras adicionales que supone el inicio de labores del próximo.
Sin esta modificación urgente, que elimine la intervención onerosa y burocrática de los notarios, no es posible imprimir los libros, que ya suponen un costo elevado cotizado en varias imprentas, y sin libros no se puede iniciar la consulta.
No está demás recordar que desde el pasado 28 de julio de 2022 han transcurrido 4 meses y medio de un trámite ante el TSE que debió durar no más de 40 días; también debemos reiterar que se tardó más de un mes en modificar una resolución del TSE que, equivocadamente, computaba el tiempo de impresión de los libros dentro del tiempo de recolección de firmas y, adicionalmente debemos reiterar que, según reglamento, los promotores del trámite de reforma parcial de la Constitución solo tienen 90 días calendario para recabar 1.5 millones de firmas de adhesión.
La pregunta que ha surgido en estas largas semanas de espera, es si tanta demora y trámite es solo de carácter burocrático, o si por el contrario conlleva la intencionalidad de impedir la reforma de la Constitución, desacreditando totalmente al TSE.
Y la otra pregunta obligada es: ¿podemos seguir por más tiempo sin reforma, con una justicia sometida al poder político, de espaldas a la gente, con un presupuesto miserable y con tantas taras acumuladas que la convierten en un lastre insoportable para la vida de los bolivianos y la democracia del país?