El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó autorización legislativa para procesar al ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax; la decisión de la justicia, asumida por unanimidad ayer en Sucre, pone el futuro político del ex Mandatario en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que –avisó– asumirá una decisión corporativa en la Asamblea, en medio de críticas del acusado y de la oposición.

"Se dispuso la remisión de la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa (…) Es una decisión unánime de los miembros de la Sala Plena”, informó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

La autoridad reiteró que es una etapa de antejuicio, “no se está juzgando ni está comenzando procedimiento; se está remitiendo el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa. Son más de 3.000 fojas".

La decisión fue comunicada aproximadamente a las 17:20, en medio de gran expectativa mediática, en Sucre y La Paz principalmente. Siete de los nueve magistrados que conforman la Sala Plena, salvo los integrantes de la Sala Penal –Edwin Aguayo y Olvis Eguez– que revisaron previamente el requerimiento de la Fiscalía, votaron afirmativamente para remitirla al Legislativo.

Mesa y tres ministros de su Gobierno son acusados por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes, y conducta antieconómica por el caso Quiborax, referente al presunto daño económico derivado de la expulsión de esa empresa chilena del país en 2004 y la reversión de las 11 concesiones que poseía en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita. La firma ganó en mayo pasado un laudo arbitral y, en junio, el Estado le pagó $us 42,6 millones como indemnización.

La Sala Penal del TSJ no consideró los tres memoriales de Mesa en los que pedía la anulación de la acusación, porque su análisis no corresponde en esta etapa, aseguró el magistrado Aguayo, que junto con Eguez pasó el martes el caso a Sala Plena. “No es todavía un proceso propiamente dicho, es una fase de recolección de pruebas, no de investigación, serán considerados en la fase de investigación”, enfatizó.

Una vez recibida la acusación fiscal en la Asamblea, el caso se derivará a la Comisión Mixta de Constitución, con cuyo informe será remitida al Pleno para la votación: la última autorización que debe vencer antes del inicio de la investigación y juicio propiamente dichos.

MESA REACCIONA

El principal acusado en el caso Quiborax afirmó que es "víctima de una persecución política, de una criminalización política" y afirmó que su "deber" es "mostrar al país que el sistema de justicia está podrido".

"Lo que está haciendo el presidente Evo Morales es un proceso de demolición de mi figura política y mi honor personal. Esta estrategia se traduce en la vergonzosa acusación en contra de alguien que ha nacionalizado el Salar de Uyuni y que ha expulsado a una empresa pirata", exclamó.

Luego consideró que su acusador en este caso, el procurador Pablo Menacho, actúa como "empleado" de la firma extranjera y dijo guardar una mínima esperanza en el proceder de diputados y senadores, que por 2/3 de votos deben autorizar o rechazar el juicio en su contra.

"Miles de bolivianos sufren por esta justicia podrida que está en manos del Poder Ejecutivo, pero no voy a jugar el juego que el Gobierno quiere, la electoralización prematura del proceso del 2019 con el objetivo de decir que la oposición está eligiendo al potencial adversario de Morales. Evo Morales no puede ser candidato", insistió.

También retrucó al titular del Senado, José Alberto Gonzales, que el martes dijo que al Legislativo no le alcanzará el tiempo para meterlo preso. "Un juicio de responsabilidades es en el fondo un juicio penal y todo juicio penal tiene como objetivo la cárcel", apuntó.

Concluyó señalando que debe existir unidad en torno al 21F para ratificar que Morales "no puede ni debe ser candidato". “No voy a bajar la cabeza, seguiré demostrando que los que han cometido los delitos, son los que se permiten, en este sistema inmundo al revés, acusarme a mí”, finalizó.

EN LA VEREDA DEL FRENTE

El diputado Franklin Flores (MAS) ratificó que la Comisión de Constitución revisará la acusación antes de remitirla al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Indicó que el Parlamento analizará a fondo los argumentos técnicos y jurídicos que sustentaron la proposición acusatoria contra Mesa.

Flores también consideró que Mesa actuó de "mala manera" al no cumplir con los procedimientos que establecían el Código Minero y otras leyes en el caso Quiborax, y dijo que es un tema que se debe resolver en el marco de la justicia.

Luego adelantó que el oficialismo tomará una decisión “como bancada” al momento de la votación, con lo que deslizó que el MAS sí autorizará el procesamiento del actual vocero marítimo.

Procurador avala nacionalización de Evo y ministro Navarro desahucia a Mesa como vocero

La Procuraduría General de Estado rechazó las dos peticiones que realizó Carlos Mesa de retirar la acusación por el caso Quiborax y de procesar al presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi, considerada por la ex autoridad como idéntica al caso por el que afrontará un juicio.

El subprocurador Javier Moncada manifestó que la empresa expropiada Guaracachi ya recuperó el dinero que se pagó por su nacionalización de capitales americanos e ingleses (31,5 millones de dólares de utilidades), pero que Quiborax sólo generó un gasto para el Estado.

"Hacer notar las diferencias entre una mala nacionalización, como la suya, y una buena nacionalización, como la de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A", detalla la carta del Procurador, Pablo Menacho, a Mesa, leída por Moncada.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, defendió el proceso y desafío a los detractores de la administración de Morales a enjuiciar hasta al último masista por la decisión que se asumió.

Por otra parte, el ministro de Minería, César Navarro, vaticinó ayer que la “condición de vocero y precandidato de Carlos Mesa terminan en agosto de 2019”, para cuando ya haya un fallo de la CIJ sobre la demanda marítima y se reciban las candidaturas de los comicios presidenciales.

Mesa retrucó: “Navarro no es nadie para definir quién soy yo (...) la única persona que puede decir que ya no soy vocero es el Presidente".

Finalmente, la ex ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo que no defendió el martes a Mesa sino sus acciones en la nacionalización de Uyuni.

El subprocurador Moncada la mandó a informarse bien antes de emitir opinion.

Finalmente, la ex ministra de Defensa Legal del Estado, María Cecilia Rocabado, dijo ayer que Quiborax era una empresa ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo de por medio deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos.