El presidente Luis Arce ha hecho tres llamados a los militares bolivianos, en el curso de una semana, para que le ayuden a enfrentar al desafío de Santa Cruz, que propone al país frenar a la “dictadura masista”.

Desde que acabó la guerra fría en el mundo, los militares bolivianos no habían sido convocados con tanta insistencia a participar en política, como ahora lo hace Arce con diferentes argumentos.

Los mensajes son dirigidos a los miembros del Alto Mando que él mismo designó en noviembre pasado, con nombres que los militares han criticado en documentos reservados. Algunos de los comandantes nuevos no tuvieron buenas calificaciones en el Colegio Militar, y uno de ellos es el comandante del ejército, general Juan José Zúñiga, que fue el número 48 en su promoción.

Esta vez, ante oficiales recién graduados, Arce dijo que las Fuerzas Armadas deben actuar contra “elites que se sienten superiores por el color de su piel o por sus apellidos extranjeros”.

Los voceros del gobierno han estado afirmando que los dirigentes cívicos de Santa Cruz son, en realidad, croatas, lo que provocó la burla de esos dirigentes, que tienen apellidos de origen español, como el gobernador Camacho, el rector Cuéllar o el cívico Calvo.

El gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejón

De todos modos, Arce insiste en pedir a los militares que emulen a los héroes de la independencia que se enfrentaron a los mestizos, que eran aliados de la colonia.

Las alusiones raciales del presidente Arce se están repitiendo con demasiada frecuencia.

Esta vez añadió: “los nuevos militares están llamados a seguir la gloriosa tradición de asumir defensa de la soberanía del Estado, de la Constitución y la democracia, frente a las élites antipatria, que todavía hoy reproducen los peores vicios como el racismo o actúan con la idea de sacrificar la integridad del país como si se tratara de un capricho”.

Unos días antes había dicho que los militares estaban obligados a respetar la Constitución pero sobre todo a defender a un gobierno elegido por el pueblo ante amenazas que le llegan de parte de los dirigentes de Santa Cruz.

Cuando él hacía estas acusaciones, un cabildo abierto en la provincia Guarayos decidía oponerse al avance de los cocaleros de Evo Morales en su territorio, con la advertencia de que los expulsarían incluso si tuvieran papeles de propiedad de la tierra otorgados por el gobierno del MAS.

Evo Morales durante una marcha de militantes del MAS y cocaleros (REUTERS/Manuel Claure)

El cabildo fue organizado por los pueblos indígenas de Guarayos y sin la influencia de los dirigentes del movimiento de Santa Cruz que propicia la lucha contra el centralismo que practica el gobierno de Arce en el manejo de los recursos nacionales. El presupuesto de 2023 prevé que 88% de los recursos serán dispuestos por el gobierno central.

Ante todas estas insinuaciones del presidente Arce, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Eduardo Arandia, dijo que los militares defenderán al gobierno: “es un deber dar cumplimiento a los estrictos preceptos establecidos en la CPE, nuestras leyes y normativas en actual vigencia, como también el respeto y garantizar la estabilidad de nuestro gobierno legalmente constituido.”

El problema es que los militares bolivianos tendrían que estar cuidando el territorio, no de los dirigentes de Santa Cruz, sino de los chinos que han invadido los ríos de La Paz, Beni y Santa Cruz para explotar oro, dicen los opositores.

También exigen los opositores que el ejército proteja los parques nacionales que han sido invadidos por los narcotraficantes. La semana pasada un policía fue asesinado en el parque Noel Kempff, de Santa Cruz, por guardias colombianos de una fábrica de clorhidrato de cocaína.

En el parque, que supuestamente debía ser protegido por el ejército, están asentados grupos de colombianos y brasileños, estos últimos pertenecientes del Primer Comando da Capital, el mayor cártel paulista de la droga.