El cabildo del pasado 13 de noviembre de 2022, realizado en Santa Cruz, se registrará como el “acontecimiento del año”, porque fue el más democrático, legítimo y constitucional de la historia política contemporánea. Ha superado todas las expectativas ciudadanas no sólo por los dos millones de asistentes sino también porque determinó revisar la relación de Santa Cruz con el Estado y avanzar en la transformación del Estado boliviano. El pueblo cruceño concurrió a la gran asamblea en el Cristo, con una firme convicción ciudadana, fenómeno digno de estudio por los cientistas sociales.

La Constitución reconoce la democracia directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, y aclara que las asambleas y cabildos tienen carácter deliberativo (art. 11). Se trata de mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales la ciudadanía, mediante reuniones y movilizaciones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo. Tiene carácter deliberativo, sus decisiones no son vinculantes, pero deben ser consideradas y tomadas muy en cuenta por el gobierno.

Los cabildos se realizan por iniciativa ciudadana, de la sociedad civil y deben incluirse en la convocatoria claramente el propósito de la iniciativa y una agenda básica. Este mecanismo constituye una manifestación del ejercicio del poder ciudadano, significa ausencia de jefes, y equivale a autogobierno, a gobierno consentido y no impuesto por una voluntad ajena. Es un canal que permite a las personas y a la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar al gobierno el cumplimiento de determinadas políticas de Estado (como el censo). A diferencia de las concentraciones azules pagadas, los cabildos cruceños siempre han sido actos masivos y voluntarios. Esta vez ha tenido como epicentro el censo, y los principios democráticos, y ha permitido canalizar la indignación del pueblo cruceño frente a los abusos de poder del gobierno de Luis Arce.

A lo largo de la historia, la dirigencia cívica ha liderado la defensa de la “cruceñidad” y todas sus manifestaciones culturales. El Comité Cívico nació para convertirse, primero, en el “Gobierno Moral de los Cruceños”, y después en el estandarte y emblema de poder regional, que ha exigido y conseguido para Bolivia: regalías petroleras, elección de alcaldes y gobernadores, autonomía y ahora busca transformar el Estado centralista.

En Santa Cruz floreció la “revolución del patujú”, como se denominó al movimiento autonomista, que siempre tuvo en alto la unidad e integridad del país, aunque el centralismo andino intentó mostrarlo como secesionista o separatista. Esta acusación no es nueva ni exclusiva del gobierno del MAS; en el siglo pasado los cruceños varias veces hemos sufrido este tipo de descalificaciones y despropósitos políticos.

La vocación integracionista de Santa Cruz siempre se ha puesto de manifiesto. La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz redactó el Memorándum de 1904 y entregó al Congreso de Bolivia, pidiendo que la región sea tomada en cuenta en el concierto nacional. En pleno siglo XXI, el exgobernador Rubén Costas, proponía cambiar aquel eslogan de “bolivianizar el oriente” por el de “orientizar Bolivia”, y que había llegado la hora de gobernarnos a nosotros mismos, y de elegir en forma directa y democrática a las autoridades departamentales.

Sin embargo, continúa la sistemática confrontación entre el modelo socialista e indigenista del gobierno del MAS versus el régimen autonómico y liberal que defiende Santa Cruz y todo el oriente boliviano. Lo evidente es que existe un viejo Estado, que busca conservar intacta la centenaria organización “colonial, centralista y presidencialista” del Órgano Ejecutivo, donde la figura del presidente encarna el poder total.

Los cabildos cruceños no solo se han convertido en una verdadera fiesta democrática, contundentes y siempre multitudinarios, sino además ya forman parte de la cultura regional, que busca cambiar la dinámica de hacer política en pleno siglo XXI. El mayor desafío será buscar cómo liquidar el viejo Estado fallido, centralista, paquidérmico y corrupto, que no termina de morir, y cómo avanzar en la configuración del nuevo Estado moderno, eficiente del siglo XXI, autónomo o Federal, al servicio del ciudadano que se viene gestando desde Santa Cruz a punta de cabildos.