La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre, decidió, por unanimidad de sus miembros, dar curso al juicio de responsabilidades planteado por la Fiscalía General contra el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), por el caso Quiborax, para lo cual   remitió al Legislativo el requerimiento acusatorio.

"La persecución política se transforma y se disfraza como una búsqueda de transparencia que no existe, y que no es otra cosa que un linchamiento, a través de un proceso judicial (...). Lo que está haciendo el Gobierno de Evo Morales es un mecanismo, un ejercicio de demolición de mi imagen política y de demolición de mi honor y dignidad personal", lamentó el expresidente, luego de conocer la determinación del TSJ.

Carlos Mesa manifestó que era predecible que el TSJ viabilizara un juicio en su contra. Más aun dijo, cuando el que dirige la administración judicial “es el ministro de Justicia, Héctor Arce”, uno sus acusadores.

Tras la decisión del TSJ, ahora le toca al Legislativo autorizar o no la proposición acusatoria contra Mesa para el inicio de un juicio de responsabilidades.

La denuncia contra Mesa fue planteada por el Gobierno, tras el laudo arbitral de el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que obligó a Bolivia a pagar, a la empresa chilena Quiborax, una indemnización de 48.6 millones de dólares, por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni. El litigio se originó el Gobierno del expresidente.

El expresidente considera que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia son brazos ejecutores que "obedecen órdenes" del poder Ejecutivo, “principalmente, del ministro de Justicia, Héctor Arce”.

Dijo que este es el “contexto lamentable y vergonzoso” de la política boliviana que está enfrentando y va a enfrentar "con la misma fuerza, con la misma voluntad y con la misma entereza” como lo “ha hecho hasta ahora”.

Mesa, en su defensa, argumenta que la responsabilidad del laudo arbitral contra el país, en el caso Quiborax, la tiene el Gobierno, por la “mala defensa” que asumida del Estado y porque optó por negociar con la empresa chilena un proceso que desde su origen estaba “viciado”, porque el acta de constitución accionaria de la compañía fue “falsificada”.

El expresidente defiende su decisión de nacionalizar el salar de Uyuni y revertir la concesiones de Quiborax.

Carlos Mesa, además, se declaró defensor de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando ganó la opción No y de esa manera se negó la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado y permitir la repostulación del presidente Evo Morales.

VOCERO DE LA DEMANDA El ministro de Minería manifestó que Mesa, a partir de agosto del próximo año, será “un político desocupado”, porque luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre la demanda marítima, dejará de tener protagonismo mediático.

"El ministro Navarro no es nadie para definir quién soy yo ni qué hago, y mucho menos mi responsabilidad en el caso del mar, ni siquiera la puede definir el Ministro de Relaciones Exteriores", respondió el expresidente.

El caso

El Gobierno acusa al expresidente de ser el responsable del laudo arbitral de la CIADI contra el país, por la reversión, sin cumplir procedimientos, de las concesiones de la empresa chilena Quiborax.