Fuente: lostiempos.com

En 2011, por primera vez se llevaron adelante las elecciones judiciales por voto popular. El proceso se realizó para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental (TA) y miembros del Consejo de la Magistratura (CM). El mismo procedimiento se realizó en 2017 y la próxima elección de autoridades judiciales será en octubre de 2023.

La abogada y consejera de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) por Bolivia Mabel Antezana señaló que las elecciones de magistrados no son coherentes con la realidad que vivimos, toda vez que motivan al candidato a buscar apoyo político al momento de su postulación, lo cual politiza la justicia.

A juicio de Antezana, se debe volver a las ternas elevadas por los colegios de abogados para garantizar la transparencia en la elección de magistrados. “Por su naturaleza, son los guardianes de la legalidad”. Por lo tanto, la elección debe retornar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y deben ser las organizaciones de abogados las que postulen a las futuras autoridades del poder judicial, “sólo así se recuperará a la transparencia”.

Para el jurista Ramiro Orías, el problema radica en la competencia de la ALP para la selección de magistrados, esto frena una elección abierta y competitiva en la que el ciudadano pueda optar entre distintas visiones de justicia, de valores y de capacidades.

Señaló que, en las dos elecciones pasadas, la ALP no seleccionó a los mejores candidatos porque se antepuso lo político, por lo tanto, no hubo el resultado esperado y sólo queda la ilusión de la participación ciudadana a través del voto. “Recordemos que el voto blanco y el voto nulo le ganaron a los válidos y no tuvo ninguna consecuencia democrática como dejar las elecciones sin efecto”.

Para Orías, la elección judicial se ha convertido en la interferencia política sobre la justicia. La elección judicial sirvió para quebrar la institucionalidad al interior del poder judicial porque se procedió a la destitución y acortamiento de mandato de jueces y magistrados que estaban electos y luego fueron declarados como provisionales. “Se desinstitucionalizó los pocos avances que tuvo la justicia boliviana hasta ese entonces”.

Lamentó que la justicia se hay sometido en el brazo jurídico del proceso de cambio porque se ha sometido a la justicia a otros intereses, pese que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la independencia judicial es el principio que rige la judicatura en el país y se basa en la carrera judicial y la autonomía presupuestaria. “Sin embargo, las bases de la independencia judicial han sido debilitadas y erosionadas y eso genera una crisis de legitimidad y credibilidad de la justicia”.

El vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados, Marco García, señaló que la elección de jueces a través del voto ciudadano fue la peor experiencia para la sistema judicial porque fueron personas captadas por el poder de turno sin ningún tipo de independencia. “Fue completamente negativo”.

Lamentó que se imponga el poder político, “se llevó a los cargos judiciales a gente que no es idónea y eso hay que corregir, se ha politizado en extremo la justicia”. Mencionó que la persecución de la oposición por los mecanismos jurisdiccionales es lo peor que pasa a un país “porque se desmorona los principios que sostiene a la democracia eso debilita el Estado de derecho y debilita”.

Antezana, Orías y García coincidieron en la necesidad de una reforma judicial que establezca la elección de jueces y magistrados por meritocracia.

Antezana mencionó que los postulantes deben tener al menos una experiencia de 10 años en litigación, no tienen que tener denuncias por faltas a la ética, deben tener publicaciones sobre la temática jurídica y un currículo académico actualizado.

Orías hablo de la conformación de una Comisión Nacional de Postulación que haga la calificación de méritos de los postulantes y pase una lista corta a la ALP. “La Asamblea no puede ser juez y parte; los califica, los selecciona y designa”.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE)  Francisco Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de material electoral, el específico para las elecciones judiciales y los protocolos de la cadena de custodia y de medidas de seguridad .

Vargas aclaró que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la ALP convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, el segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el TSE debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Hubo un marcado ausentismo

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017, porque la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos. “Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señaló Orías.

La suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%.