El sistema democrático basa su funcionamiento en la voluntad soberana del pueblo expresada en el voto, a través del cual se elige a los gobernantes por un determinado periodo establecido por la Constitución Política del Estado. La elección comprende al presidente, vicepresidente, senadores y diputados, cuando de elecciones nacionales o generales se trata. En el ámbito subnacional la elección comprenderá a gobernadores y asambleístas departamentales y a alcaldes y concejales en los municipios.

Los resultados de la elección pueden definir un ganador en primera vuelta si la diferencia es la exigida por ley o, en su caso, remitir a los dos primeros a una segunda vuelta o balotaje, en el cual nuevamente el soberano decidirá a quién confía el destino del Estado por los cinco años siguientes.

La asamblea plurinacional, departamental o los concejos municipales se hallan integrados, de manera proporcional al voto obtenido, por representantes de varios partidos, es decir se conforman mayorías y minorías.

Cuando ninguno de los partidos logra una mayoría suficiente, se debe acudir a la negociación para garantizar la gobernabilidad en esas instancias de carácter legislativo y fiscalizador; pero, al final, siempre será quien tenga la mayoría o la logre mediante acuerdos la que defina el rumbo político de esa instancia de gobierno.

No tiene nada de extraordinario ni nada difícil de comprender, así funciona la democracia, donde la mayoría, que no es otra cosa que la representación del soberano, tiene pues las atribuciones para aplicar sus propuestas y proyectos, partiendo de que fueron estos precisamente, presentados durante las campañas electorales, que hicieron que el electorado defina su voto de una u otra manera.

En otras palabras, el Gobierno y sus asambleístas fueron elegidos para aplicar un programa de gobierno votado favorablemente por la población. La oposición cumple una labor importante de control y fiscalización de que precisamente la voluntad popular sea respetada por los gobernantes dando cumplimiento a su plan de gobierno y no, en absoluto, pueden constituirse en un obstáculo, en un factor de entorpecimiento y mucho menos de desestabilización, pues estarían yendo precisamente en contra de la voluntad popular expresada en el voto.

En lugar de obstaculizar el desarrollo de la gestión, debieran analizar y pensar por qué no lograron el voto ciudadano. ¿No habrá sido que su propuesta de gobierno no satisfacía la expectativa del ciudadano o que, simplemente, más allá de los discursos enfervorizados, no tenían ninguna propuesta seria, real y que despierte interés en la población?

Si el pueblo hubiese querido que el Estado tome un rumbo diferente al que tiene actualmente con la administración elegida por el más del 55 por ciento del electorado, seguramente hubiese votado por los otros candidatos o, en el peor de los casos, no le habría dado al binomio ganador una mayoría tan grande.

No querer entender que así es cómo funciona el sistema democrático o es ignorancia plena de la Constitución y las leyes o, simplemente, muestra que no les interesa el país ni mucho menos el electorado, sino sus propios intereses personales o de grupo. Si la oposición considera que este gobierno no está haciendo bien su tarea, que no está administrando correctamente el Estado, tiene la oportunidad de hacerlo conocer públicamente, pero fundamentalmente debiera apuntar a elaborar en base a sus observaciones y propuestas propias una oferta al ciudadano para las próximas elecciones que le permita demandar el voto mayoritario. No hacerlo refleja incapacidad política y a todas luces un espíritu y una actuación completamente antidemocrática.