Pasado un tiempo prudente después del cabildo del 13 de noviembre de 2022, corresponde realizar algunas reflexiones sobre la futura “relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”, mandato que ha generado todo tipo de interpretaciones.

Desde el oficialismo surgieron voces de rechazo con las consignas de federalismo y separatismo; todas ceñidas a un libreto hilvanado para establecer el posicionamiento político y discursivo que necesitaba el gobierno frente a la movilización ciudadana que clamó por respeto a la región y al Estado de Derecho.

Como ya se mencionó en este espacio, es lamentable que el presidente Arce se atrinchere en el discurso de “amenazas” y “desestabilización”. Y sobre mojado, llovido. Cual si fuera miembro de un sindicato o partido, el comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, afirmó que el debate sobre las relaciones con el Estado “muy fácilmente puede llevar a la independencia y esto a la creación de nuevas repúblicas y a la anexión de estas a potencias regionales”.

¿Qué implica analizar la relación con el Estado? En términos sencillos: la renovación del pacto político y social de una sociedad, en la que primen principios de igualdad, equidad y dignidad para todas las personas, con apego a la democracia, respeto a la ley y protección de los derechos humanos.

En pleno siglo XXI, este tipo de discusiones se resuelven democráticamente; seguramente, con una ferviente defensa de las posiciones políticas, históricas o regionales, pero con votos y sin armas. En ese contexto, las Fuerzas Armadas tienen rol asignado por la historia: preservar la patria, respetar la Constitución y garantizar la democracia. Nada más.

¿Hubo momentos en los que diferentes estamentos del país replantearon su relación con el Estado boliviano? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la Tesis de Pulacayo que hasta hoy propugna la toma del poder por el proletariado. ¿Existe delito en ello? No. Sin duda, la Revolución de 1952, con todas sus reformas, marcó un hito en las relaciones entre la sociedad y el Estado.

Más tarde, hubo una extraña simbiosis entre partidos y uniformados, y hasta se llegó a formar el Pacto Militar-Campesino, encabezado por René Barrientos Ortuño. Todos esos antecedentes de relaciones entre Estado y ciudadanos son del siglo pasado, cuando las disputas políticas se resolvían en los cuarteles. 

Hoy la situación es diferente. Un ejemplo es la actual Constitución Política del Estado que fue refrendada por el voto del pueblo boliviano. Y aunque el consenso fue difícil, la Constitución reconoce las históricas luchas del pueblo cruceño como son la descentralización y las autonomías; pero el problema radica en que los gobernantes no tienen apego a la ley de leyes.

¿Entonces, quién puede decir que llegó el fin de la historia y que los pueblos deben renunciar a replantearse cuántas veces sea necesario su relación con el Estado? Nadie. Por el contrario, Potosí, el departamento con el peor Índice de Desarrollo Humano, tiene razones para replantear su relación con el Estado, o Pando que no deja de ser un girón olvidado. Y por supuesto que Santa Cruz tiene que tomar la palabra en ese debate. 

Es necesario discutir el modelo de Estado, sea para profundizar las autonomías o para avanzar hacia el federalismo, siguiendo los modelos de Argentina, Brasil o Venezuela países que nunca se desmembraron ni cosa parecida. 

En síntesis, más que arengas militares, Bolivia necesita discusión política y reflexión académica para seguir diseñando su futuro. Que sean bienvenidos todos los debates sobre la relación entre Estado, departamentos, municipios y ciudadanía en su conjunto. La democracia solo infunde temores en quienes no creen en ella.