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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 18 de diciembre de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Hemos avanzado en la pertenencia a un proyecto y en la igualdad, pero hemos retrocedido en la aplicación de esa ley y en el respeto a los límites que debe mantener el poder, dice el autor.
Quizá se pueda decir que en el contexto lartinoamericano Bolivia y Brasil ocupan extremos en el espectro cultural, como consecuencia de muchas variables históricas, pre y post colombinas, ya bien estudiadas y que no viene al caso aquí analizar. Acepto la duda. Sin embargo, el que nuestras realidades sean distintas sugiere que las respuestas a preguntas fundamentales también lo sean, pero no impide que haya preguntas similares. Es lo que trataré de ilustrar en este artículo.
La primera distinción importante entre pueblo y ciudadanía está en que, si bien ambos son sujetos colectivos, en el segundo término interviene con más claridad el elemento constitutivo de ese colectivo: el ciudadano. El término es sin duda muy antiguo, ya lo usaban los atenienses de Pericles y la Marsellesa convoca a las armas a los ciudadanos. La ciudadanía confería una distinción que el genérico pueblo no tenía, aunque este la superara en posibilidades poéticas.
De Carvalho nos recuerda que el concepto de ciudadanía está asociado a tres grupos de derechos: civiles, políticos y sociales, y que ciudadano pleno es aquel que goza de los tres derechos, ciudadanos incompletos serían aquellos que poseen solamente algunos derechos, y los que no gozan de derechos no son ciudadanos. En todos ellos, dice él “la piedra de toque es la libertad”.
Resumiendo a Carvalho, los derechos políticos se refieren a la participación del ciudadano en el gobierno de la sociedad; es decir, votar y ser elegido, hacer demostraciones políticas y crear partidos, etcétera. Los derechos civiles se refieren sobre todo a la libertad de expresión y organización. Los derechos sociales aseguran la participación en la riqueza colectiva e incluyen el derecho a la salud y la educación, al trabajo y a un salario justo.
No todos los derechos son verificables o alcanzables plenamente, incluso en condiciones ideales de gobernabilidad, por limitaciones nacionales sobre todo de riqueza y grado de desarrollo. Esto haría que la plenitud de la ciudadanía, la que solo se alcanza con el goce de todos los derechos, es un ideal de búsqueda permanente; lo que nos dejaría a casi todos en la categoría de ciudadanos incompletos, consecuencia que no me parece del todo satisfactoria, pero que no quita validez al uso de derechos como un importante criterio para analizar la situación de la ciudadanía en un país. Hay otros.
Carvalho hace una interesante observación cuando, analizando la situación del Brasil en tiempos de la esclavitud, dice que “no se puede decir que los señores (los grandes propietarios de tierras y esclavos) fueran ciudadanos. Eran, sin duda libres, votaban y podían ser elegidos en elecciones municipales. Sin embargo, les faltaba el sentido propio de ciudadanía y la noción de igualdad de todos ante la ley”. Observación que, mutatis mutandis, podemos trasladar a nuestro país. No seremos ciudadanos hasta que el sentido de ciudadanía sea un concepto compartido y un bien común.
A estos criterios debemos añadir el sentido de pertenencia en un proyecto nacional. No puede sentirse ciudadano quien no sienta que pertenece al proyecto nacional y que este es un esfuerzo colectivo inclusivo de la concepción a la ejecución. Esta ha sido y sigue siendo una de las grandes fallas de nuestra democracia, y de otros países de la región, evidentemente. “La patria no era de los indios” dice el historiados peruano Lumbreras en un libro reciente y lo podríamos decir aquí también.
Sin embargo, guste a todos o no, gracias a Evo Morales se ha corregido en cierta medida esa fractura en el sentido de pertenencia. El proyecto nacional que el MAS propone al país no gusta a todos, pero es indiscutible que hoy son más los que se sienten parte de él que antes. Hemos avanzado en la variable de pertenencia a un proyecto nacional y en la de igualdad ante la ley, pero hemos retrocedido en la aplicación de esa ley y en el respeto a los límites que debe mantener el poder.
Estas reflexiones recogen sin duda una visión elitista y hasta benevolente del concepto de ciudadanía. Sospecho que ese que llamamos ciudadano común, ese al que podemos preguntar en la calle si se siente ciudadano o pueblo, en primer lugar no sabría decir qué quiere decir ser ciudadano pleno y, si está satisfecho con los resultados de los gobiernos del MAS, es más por los beneficios económicos y por un sentido de dignidad otorgado por la mayor igualdad que porque cree que estamos logrando alcanzar niveles menos imperfectos de ciudadanía.
La construcción de una ciudadanía es larga e inalcanzable si no se mejoran los niveles de educación; no solo los de instrucción elemental o de capacitación técnica, sino los de cultura y madurez políticas, aquellas que hacen justamente a la capacidad de comprensión del quehacer nacional y del proyecto de país que queremos llevar adelante; deficiencia que afecta a una gran parte de la población de bajos recursos, pero de la que no están libres las élites económicas; los equivalentes de hoy de aquellos “señores” de los que habla Carvalho. Éstos, siguiendo su observación, no serán ciudadanos plenos hasta que lo sean todos por igual, hasta que no sientan, ellos también, que contribuyen a un proyecto nacional compartido en el que creen.