Disculpe el lector. Volver a los censos pasados es necesario para tomar algunas precauciones.

El segundo gobierno de Evo Morales emprendió cuatro proyectos encadenados: la actualización cartográfica, el censo de población y vivienda 2012 (CNPV2012), el censo agropecuario 2013 y la encuesta de hogares.

El CNPV fue organizado del siguiente modo: El director general del INE tenía bajo su dependencia a tres directores (cartografía, censos y encuestas, administración y servicios). Los dos primeros manejaban la estructura y operaciones de los censos, mediante jefes de operaciones y capacitación, logística y operaciones de campo y un jefe nacional del CNPV. En la oficina central del INE se colocó a tres coordinadores “regionales” (altiplano, valles y tierras bajas); cada uno tenía bajo su supervisión a tres coordinadores departamentales. Del director de censos y encuestas dependían nueve coordinaciones departamentales, cada una con responsables de logística, administración, capacitación y operaciones. Y de éste dependían los supervisores operativos de campo municipales, los responsables de distrito, de zonas censales y los empadronadores. Se nota inmediatamente una estructura muy centralizada, que el jefe del censo tenía dos supervisores diferentes y que no se hizo ningún esfuerzo para involucrar a las prefecturas.

Se creó un comité impulsor del censo con representantes del gobierno y de las numerosas organizaciones aliadas a éste. Los críticos del censo, especialmente los agrupados en torno a la “Ruta del Censo”, señalaron la falta de información y escasa transparencia del proceso.

El INE empleó abundante personal: 2.552 instructores, 11.461 supervisores, 173.688 empadronadores y 42.326 jefes de varias categorías. ¡Un jefe por cada cuatro empadronadores! El reclutamiento fue muy deficiente. No se respetó los criterios de calificación, se contrató a muchísimas personas que no cumplían los requisitos técnicos pero que eran afines al partido de gobierno. El proceso fue tan desordenado que incluso varias personas recibieron más de un contrato para el mismo trabajo, como ocurrió en Santa Cruz, caso que está perfectamente documentado.

El CNPV2012 ha sido sin duda el censo menos confiable desde 1950. Sus resultados fueron cuestionados continuamente. Varios análisis sectoriales demostraron sus debilidades en campos específicos. Su escasa confiabilidad derivó, en primer lugar, de su deficiente cartografía. Ésta divide el territorio nacional hasta llegar a pequeñas áreas, que son llamadas “segmentos censales”, que, a su vez, se dividen en “áreas amanzanadas”, cuyos mapas se entregan al empadronador para que se asegure de empadronar a todas las viviendas en esa área. Normalmente la actualización cartográfica va de la mano con un pre-censo; juntos ayudan a estimar el total de individuos por área, segmento, comunidad, ciudad, provincia, de modo que el empadronamiento censal en realidad corrobora esa estimación inicial, y así debe ser.

Como demostró René Pereira, el INE usó predominantemente imágenes satelitales y fotografías aéreas y no completó la verificación de trabajo de campo. El resultado fue que no se detectó aglomeraciones humanas importantes, que no se pudo enviar el número necesario de boletas y, a veces, ni siquiera destacar a los empadronadores suficientes. Peor, se dejó sin empadronar áreas rurales (y urbanas) de tamaño considerable. Por tanto, el número de habitantes fue mal contabilizado en muchos lugares. Se equivocan quienes creen que para tener una buena cartografía en 2024 bastará con “actualizar” la cartografía de 2012.

La boleta contenía 49 preguntas; varias innecesarias. Por ejemplo, las causas de muerte de los fallecidos, si los niños de cuatro años leen y escriben, qué nivel de educación debió tener el ciudadano como requisito para ingresar al nivel de educación que tiene actualmente, y una pregunta que enreda y no facilita la detección de la actividad económica. Sin duda, la pregunta más desafortunada fue la 29: “Como boliviana o boliviano ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano?”. Combinada con la pregunta 30 (primer idioma) y 31 (idiomas que habla), esa pregunta permitió al CNPV2012 “detectar” la friolera de 136 “naciones y pueblos indígenas”, que clasificó en 2 “naciones” mayoritarias, 42 minoritarias y 74 “otras”. Entre las últimas, destacan las naciones “yapacaní”, “intercultural” y “orinoca”. Piense mal y entenderá. Muchas autoridades se han basado en esa información torcida para generar polarizaciones y para tomar decisiones equivocadas de políticas, especialmente educativas y administrativas.

Los lectores seguramente recordarán que los empadronadores no llegaron a muchas localidades (incluso a municipios enteros), que se omitió comunidades enteras, que en algunos municipios donde el número de viviendas había crecido (como en La Paz) el resultado censal no lo reflejaba, y que incluso porciones de unos municipios fueron asignadas a otros. Antes del empadronamiento, varios municipios e incluso un departamento entero (Oruro) anunciaron su decisión de no permitir las operaciones de empadronamiento.

Finalmente, el INE presentó los resultados. Primero, en julio de 2013, presentó los resultados sobre población y vivienda. Después, en diciembre, incluyó información desagregada sobre la pertenencia de comunidades y/o localidades a entidades territoriales, que comprendió ajustes a la base de datos inicial. En junio de 2014, publicó los resultados finales, pero con una base de datos “consistenciada”. Nunca se había visto corregir y maquillar los datos de un censo de esa manera.

Los censos son un asunto serio. El gobierno del MAS ejecutó el CNPV2012 a escondidas, y lo hizo mal. Sin embargo, usó los resultados para colocar fondos, reasignar escaños y tomar malas decisiones de política. Razones nos sobran a los ciudadanos para vigilar al actual gobierno, porque no ha olvidado las mañas, sino que las ha perfeccionado.

UNO fomenta el debate plural y no necesariamente comparte los puntos de vista del autor.