La guerra interna del MAS se ha disparado en los últimos días con acusaciones mutuas de narcotráfico y corrupción. Lo que llama la atención es que, pese a la gravedad de las denuncias, la Fiscalía no haya iniciado ninguna investigación. Los operadores del Ministerio Público, igual que los políticos, escuchan que tal o cual persona es narco o corrupta, con la parsimonia con la que verían una mansa lluvia caer sobre el tejado.

Por sólo citar algunos ejemplos, el exministro Carlos Romero dijo que “es difícil esperar que el Gobierno combata al narcotráfico, cuando el Gobierno es narcotraficante, desde el ministro de Gobierno (Del Castillo), que tiene funcionarios que son palos blancos de bienes ilícitamente obtenidos por el narcotráfico. Miembros de su organización, Columna Sur, forman parte de este esquema criminal”.

Gravísima denuncia en el marco de la guerra interna de su partido, nada más y nada menos que contra el encargado de la lucha contra el narcotráfico.

Romero también asegura que Del Castillo mandó sustraer tres celulares de Evo Morales y que trató de venderlos a la DEA a una millonaria cifra para involucrar al expresidente Morales con el narcotráfico, pero como sólo había montajes, la transacción fracasó.

En respuesta, Del Castillo dijo que espera que la justicia actúe con imparcialidad y atribuyó las denuncias al hecho de que Romero no acepta que un ministro más joven que él lo haya superado en resultados de la lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, el diputado Rolando Cuéllar, del ala de los renovadores del MAS, acusó a Romero de dirigir una supuesta organización criminal denominada “los ojitos de guapurú” y agregó, como si de un vendedor de chicles adulterados se tratara, que “el señor Carlos Romero es un pez gordo del narcotráfico”.

Pero, previamente, Romero reveló que un hermano de Cuéllar está preso por narcotráfico, a lo que éste respondió que su familiar es un drogodependiente que necesita ayuda, confirmando que se encuentra detenido.

Y, las denuncias de corrupción también van y vienen en el MAS. El diputado Héctor Arce, de la línea evista, acusa insistentemente de corrupción al presidente de ABC, Henrry Nina, primero porque supuestamente recibió una millonaria coima de la empresa china CHEC por adjudicar una obra y ahora, por ser propietario de una empresa que se adjudica millonarias obras en Yungas y que está a cargo de supuestos palos blancos.

El aludido dijo que responderá con una querella criminal en contra de su denunciante y le advirtió que luego no ande diciendo que es un perseguido político.

Como se puede observar, no estamos hablando de delitos de poca monta, sino de casos que, de ser ciertos, calzarían muy bien en la categoría de mafias político-delincuenciales.

Es probable que al menos algo de lo denunciado sea verdad y es obligación del Ministerio Público investigar para que no queden simplemente como parte del anecdotario de la encarnizada pelea entre masistas.

Si sólo una de estas acusaciones estaría dirigida a un opositor, éste ya estaría enmanillado ante las cámaras en su camino hacia San Pedro. Actores políticos que no comulgan con el MAS están detenidos por delitos muchísimo menos graves, como portar petardos y vinagre en una manifestación, tomar un mercado paralelo de coca, pintarrajear las paredes de la Fiscalía, entre otros asuntos que bien podrían resolverse con el resarcimiento de los daños civiles.

La pelea del MAS ha permitido levantar la punta de la alfombra para ver lo que debajo de ella ha guardado el partido de gobierno durante 16 años, pero es hora de que se sacuda la casa entera para que de ella salgan cucarachas, ratas y otras alimañas que han hecho de la exacción pública y, al parecer, también de la delincuencia, un modo de vida.

Por ahora, la pelea masista está en pausa, al menos eso indica la aprobación del Presupuesto General del Estado en la Asamblea Legislativa, pero la fractura es tan honda que más temprano que tarde los evistas y renovadores volverán a sacar las uñas. La Fiscalía, si quiere recuperar un poco de dignidad, debería aprovechar el momento para investigar las denuncias.