Los cobros realizados a los funcionarios públicos a favor del partido de Gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS), como “aporte mensual voluntario” y determinados por el oficialismo, incluso, con un porcentaje de acuerdo a la categoría del trabajador fueron calificados, por políticos y analistas, como una práctica antidemocrática y de “asalto”.

Los aportes de los funcionarios de la administración central y de las empresas estatales suman unos 51,9 millones de bolivianos al año y pasan a la administración del expresidente Evo Morales y otros integrantes del “sector evista” del partido.

El artículo 72 del estatuto del MAS dispone que los militantes de ese partido que sean servidores públicos, trabajadores en instituciones públicas, autoridades electas y designadas deben aportar al MAS, de forma regular, los siguientes montos: el 1% de su sueldo quienes ganan hasta 10.000 bolivianos, el 2% quienes perciban entre 10.001 y 20.000 bolivianos y el 3% quienes ganen más de 20.001 bolivianos.

El asesor en comunicación política Antonio Vargas señaló que el “aporte voluntario” vulnera todas las disposiciones legales establecidas en Ley de Organizaciones Políticas. “Es un robo que se hace a los magros ingresos que tiene el servidor público, por lo tanto, el hecho de suspenderse es bueno para el país”.

Para el analista Andrés Gómez, es una práctica antidemocrática, porque “el aporte sale de los bolsillos de la sociedad, donde hay gente de diferente tendencia, en beneficio de un partido político. Los recursos son usados en contra de la gente que paga con sus impuestos el salario de los funcionarios públicos, y ese dinero del pueblo es usado para destruir las instituciones del pueblo”.

Aclaró que cualquier aporte debe ser transparente, público y voluntario. Lamentó que este tipo de cobros son una vieja práctica al interior de los partidos no solo del MAS, sino también de los que lo antecedieron en la administración.

El politólogo y exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia enfatizó que ningún servidor público puede ser obligado a dar aportes a un partido político. “Ese tipo de aportes van a los bolsillos de los dirigentes, mermando el ingreso del servidor público”, sostuvo. 

A juicio de Goitia, corresponde la intervención e investigación por parte de los órganos competentes para que determinen cuánto se recaudó y en qué se gastó y establecer las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de la sigla, independientemente de las sanciones penales a los dirigentes. “El MAS, al obligar a esos pagos, genera corrupción y alienta a que sus militantes busquen cubrir esos fondos sacando plata a los ciudadanos para no ver afectados sus salarios”, señaló.

El politólogo Williams Bascopé Laruta aseguró que “lo que llama la atención es que hemos tenido el mal hábito o mala costumbre de dar dinero a los dirigentes del partido y no se sabe si el dinero va a fortalecer esos partidos políticos o van a los bolsillos de los dirigentes o de las autoridades”. 

Recorte de aporte agrava fisuras

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, informó que el Gobierno ordenó cortar los aportes que los funcionarios públicos realizaban a ese partido. Para el politólogo Williams Bascopé, esta medida es una política de guerra interna al interior del MAS entre la corriente de los renovadores y la de los evistas.

“Se evidencia la decadencia del MAS y del sistema político, de los liderazgos y de la gente que elige a sus autoridades. Evo Morales es uno de los principales corrompedores de la sociedad y hoy está recibiendo lo que ha sembrado en su Gobierno y ahora él está sufriendo del Estado autoritario que hizo”, aseguró.