El Comité Pro Santa Cruz lanzó ayer el proyecto de la conformación de una comisión constitucional que debe revisar la relación de Santa Cruz con el Estado. La entidad comenzará a trabajar desde enero, con integrantes cuyo trabajo será inicialmente anónimo para evitar presiones, injerencias e intereses de toda índole.

“Su trabajo será voluntario, ad honorem, inicialmente anónimo y con disponibilidad de tiempo, según las exigencias del procedimiento de trabajo de cada comisión, a fin de evitar presiones, injerencias e intereses de toda índole que puedan desvirtuar el proyecto y la naturaleza del mandato encomendado”, se lee en el proyecto difundido por el Comité Pro Santa Cruz.

Se prevé que el desarrollo de todo el proyecto se realizará en nueve meses. La comisión arrancará su trabajo desde mediados de enero y se espera que concluya su labor para el 24 de septiembre de 2023.

El cabildo del 13 de noviembre decidió delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, “que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.

La pasada jornada, Rómulo Calvo, presidente cívico, dio a conocer el proyecto de la creación de esa comisión.

En ese marco, entre las premisas básicas que serán la base de trabajo a seguir está que la comisión hará un minucioso análisis y formulará un diagnóstico de la relación actual del departamento de Santa Cruz con el nivel central del Estado a fin de proyectar “un nuevo modelo de relacionamiento” que genere un cambio cualitativo sustancial de ese vínculo.

“El proyecto que surja de este análisis y que planteará un nuevo modelo de relacionamiento de Santa Cruz con el Estado boliviano se hará dentro del marco legal y constitucional, pudiendo proponer modificaciones normativas y constitucionales, siempre que sean concretas y que además resulten viables en corto o mediano plazo”, se lee en el proyecto.

La iniciativa se desarrollará mediante un proceso que tendrá diferentes etapas y distintos actores. Las fases a seguir son: de consulta y generación de propuestas; de análisis y conceptualización de resultados, elaboración de propuesta preliminar, revisión y diseño final”.

En su discurso del cabildo del 13 de noviembre, Calvo indicó que, si el Estado les agrede de forma continua, no los reconoce y no los acepta como parte de la bolivianidad, tienen derecho a replantear su relación con él y considerar opciones alternativas y viables constitucionalmente para decidir su destino, amparados en el derecho internacional de los pueblos a la “autodeterminación”.

En tanto, ayer, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó de forma escrita la fiscalización que planteó el Senado a la Gobernación por el paro indefinido. No se presentó para responder a una petición de informe oral, reportó ANF.

Los senadores Mery Choque y Rubén Gutiérrez (MAS) plantearon la petición de informe oral dirigida al Gobernador cruceño para que responda varias preguntas sobre las consecuencias del cierre de la Gobernación durante todo el paro indefinido por el censo.

Pero la autoridad departamental no se presentó y envió una nota, que llegó a la presidencia del Senado al promediar las 10:30 de ayer. “Ha ingresado a ventanilla a horas 8:40 y a Presidencia 10:32”, sostuvo la secretaria de la directiva.

En general, buscan conocer las razones del cierre de la entidad, los ingresos que percibe diariamente por diferentes conceptos, la incidencia de la medida de presión que se inició el 22 de octubre, entre otras cosas.