En la primera rueda de prensa en la que explicó el caso Quiborax, admitió que, dentro del decreto de reversión de las concesiones mineras, hubo un término que ocasionó todo esto. ¿Fue un error admitir que utilizó mal un término?

Yo establecí la cuestión sobre el debate del término, de la palabra revocatoria. Hemos hecho un trabajo de análisis de lo que representa jurídicamente y hemos comprobado que nuestros asesores jurídicos estaban absolutamente en lo correcto. Hay una ley de la República que establece la absoluta legalidad de la palabra revocatoria, que se aplica exactamente en un caso como esto y que tiene un decreto reglamentario con dos artículos que ratifican el derecho del Poder Ejecutivo de revocar cualquier medida administrativa que sea irregular. Pero, además, fue en mi Gobierno cuando se hizo la anulación a través de la Superintendencia de Minas, un hecho que la Procuraduría y el ministro Arce omiten de manera descarada. Por lo tanto, si hay problemas con la revocatoria, la anulación quita cualquier duda sobre el tema.

¿Cómo se siente cuando en La Paz aparecen pancartas que lo llaman ‘salvador’ y en El Alto hay gente que lo está proclamando como candidato? ¿Esto cambia en algo su posición de no politizar este tema?

Primero, agradezco, por supuesto, esas muestras de respaldo. Pero claramente no voy a jugar el juego de la electoralización prematura del proceso del 2019, porque ese es el objetivo del Gobierno. Lo que el Gobierno quiere es que empecemos a discutir entre quienes pensamos que este Gobierno no debe continuar –por razones del 21-F– porque estamos escogiendo un candidato contra Evo Morales. Y eso es jugar el juego para que Evo Morales salte el obstáculo del referéndum y eso no va a ocurrir. Nosotros –yo en particular– no vamos a jugar el juego.  El presidente del Senado dijo que al MAS no le va a alcanzar el tiempo para meterle preso. Leopoldo Fernández fue candidato desde la cárcel. ¿Ni siquiera eso lo anima a ser candidato?

Lo que me parece increíble es lo que ha dicho el presidente del Senado: “no nos va a alcanzar el tiempo para meterlo preso”. Está ya prejuzgando que me van a meter preso, está adelantando que la decisión es condenarme sin antes haber siquiera tomado en consideración los elementos de la acusación. Lo segundo: no estamos en la lógica de la electoralización y, en consecuencia, el planteamiento de una candidatura o una precandidatura en función de que estoy siendo perseguido no me parece lo adecuado.

¿Los dos tercios del MAS le anticipan lo peor?

No soy optimista, pero me voy a permitir darle el beneficio de la duda porque creo que, hasta que los hechos no ocurran, uno no puede decir: doy por obvio lo que va a ocurrir. Puedes presumir qué es lo que estoy pensando. Pero quiero ser prudente y quiero ser respetuoso: voy a pedir ser escuchado por la Comisión Mixta que va a establecer un informe, también pediré al plenario ser escuchado, que es un derecho básico del juicio justo, del debido proceso y del Estado de derecho sobre el cual uno tiene más dudas cada vez porque, lo que es obvio, es que el Poder Judicial y el Ministerio Público no son otra cosa que brazos ejecutores de las órdenes del Poder Ejecutivo.

La exministra Amanda Dávila lo defendió y el MAS le dijo que debería informarse antes de opinar y dar su respaldo ¿Está el Gobierno en una lógica amigo-enemigo incluso con sus seguidores?

Algo más: el procurador ha dicho debería informarse para saber qué es la empresa Quiborax. Este concepto es simplemente el intento de justificar lo injustificable: la pésima defensa, las irregularidades y los delitos que cometieron el procurador general del Estado, el ministro de Justicia y ex procurador general Héctor Arce en este caso. Amanda Dávila y Cecilia Rocabado, exministra de Defensa Legal del Estado, han opinado con fundamento porque ha habido una explicación detalladísima de ambas: de carácter jurídico el argumento de una, y de carácter político-social, la otra. Destaco su valentía, una valentía extraordinaria. No por mí, como ella lo ha dicho, sino por defender a quien ha tenido el valor de nacionalizar bienes que estaban siendo pignorados (empeñados) por una empresa pirata.

¿Cómo ve la decisión del TSJ y dejará la vocería marítima?

La persona que ha mencionado tal tema, César Navarro, no tiene la más mínima autoridad: ni moral ni administrativa para decir lo que ha dicho. La única persona que puede decir si yo sigo siendo –o no– portavoz oficial de Bolivia es quien me ha invitado, que es el presidente Evo Morales Ayma. Y por supuesto que sigo siendo, a pesar de esta vergüenza, a pesar de este escándalo, que me avergüenza porque estoy pensando en los titulares de los periódicos chilenos. Lo que estoy viviendo me avergüenza, no por mí, sino por Bolivia, por está vergüenza de que el procurador boliviano, que le entrega $us 42,6 millones al abogado de Chile en la causa marítima boliviana, y me acusa siendo él el verdadero responsable. Nosotros le hemos enviado tres memoriales que el TSJ debió tomar en consideración y no lo ha hecho. El Tribunal ha tardado menos de dos horas en su reunión para llevar adelante un trámite puramente operativo con el argumento de que no tiene posibilidades de hacer otra cosa. Eso no es cierto. Si hay defectos muy graves que deben ser subsanados en la acusación, el Tribunal Supremo puede perfectamente devolverle al fiscal esta acusación para que la corrija, cosa que por supuesto no ha hecho.