El vicepresidente del MAS-IPSP, Gerardo García, afirmó esta semana que el Gobierno ordenó cortar los aportes que los funcionarios públicos realizaban al partido oficialista. El hecho implica que Evo Morales, que es jefe nacional del MAS y controla las finanzas de ese partido, pierda acceso a por lo menos 51,9 millones de bolivianos anuales, según una estimación de Brújula Digital.

El artículo 72 del estatuto del MAS dispone que los militantes de ese partido que sean servidores públicos, trabajadores en instituciones públicas, autoridades electas y designadas deben aportar al partido, de forma regular, los siguientes montos: el 1% de su sueldo quienes ganan hasta Bs 10.000; el 2% quienes perciban entre 10.001 y 20.000; y el 3% quienes ganen más de Bs 20.001.

Esos montos son pagados no sólo por los militantes masistas sino por la totalidad de los funcionarios públicos, dijo una alta fuente del gobierno a Brújula Digital. Quienes no lo hacen son despedidos de inmediato, expresaron funcionarios a este portal de noticias.

Los montos totales de aportes de los funcionarios de la administración central y de las empresas estatales arroja por lo menos la cifra de 51,9 millones de bolivianos al año, que son administrados por Morales y otros integrantes del “sector evista” del partido. La cifra se basa en datos de 2017 (últimos datos disponibles de cantidad de funcionarios públicos entregados por el gobierno), misma que fue en aumento en estos últimos cinco años.

En la administración departamental y regional trabajan 10.222 funcionarios y en la administración municipal e indígena-originario-campesina otros 26.077, haciendo un total de 36.299 personas, de las cuales aproximadamente un 50% depende de alcaldías o gobernaciones controladas por el MAS. Ellos también aportan al partido, pero con porcentajes diferentes, según cada caso.

Evo Morales controla los cargos principales del MAS, como el secretario de finanzas y el encargado de relacionarse con el Tribunal Supremo Electoral.

El monto de 51,9 millones de bolivianos surge del siguiente cálculo: en la administración central y empresas estatales trabajaban en 2017 un total de 46.330 personas (se excluyen maestros, policías, militares, etc.), según el informe “12 años de estabilidad económica en Bolivia”, publicado por el Ministerio de Economía en 2018. No existen reportes posteriores.

De esas 46.330 personas, la fuente informó que un 83% gana menos de 10.000 bolivianos (38.453 funcionarios) y tienen un salario medio de 5.000. El 1% de ese monto implica 1,9 millones de bolivianos al mes, es decir 24 millones al año (incluido un aguinaldo).

Por otro lado, un porcentaje de 16% gana entre 10.001 y 20.000 bolivianos (7.415 funcionarios), con una media de 12.000 bolivianos. Un 2% de aporte de ese monto equivale a 1,8 millones al mes (23,1 millones al año, con un aguinaldo).

Estos montos son de libre disponibilidad para el partido y han sido usados para todo tipo de acciones, además de ser administrados libremente por Morales y su entorno. Como son montos privados, nadie ha dado cuentas sobre ellos ni tampoco entidades como la Contraloría se han involucrado en su investigación. Esos montos, por su carácter reservado, tampoco pagan impuestos. Esto ha venido ocurriendo prácticamente desde el inicio del gobierno del MAS, es decir que las cifras obtenidas son gigantescas.

En agosto pasado, Morales dijo en una declaración a la radio Kawsachun Coca que la cuenta bancaria oficial del MAS tiene nueve millones de bolivianos, una cifra muy por debajo de los 51,9 millones anuales de la presente estimación.

Otro cálculo, con cifras de masa salarial

El economista y especialista en finanzas públicas Julio Linares señaló que con cifras actualizadas a 2022, los montos que administra Morales son mucho más altos. Hizo notar que la masa salarial de la administración central, además de las empresas estatales y descentralizadas, alcanzará el año 2022 a 7.278 millones de bolivianos, según datos oficiales del SIGEP. El 1,5% de aporte en promedio de los servidores públicos es en ese caso de 109 millones de bolivianos anuales.

Precisamente para eliminar esa enorme fuente de financiamiento a la facción contraria a la suya es que el presidente Arce ha decidido cortar esos aportes, dijo la fuente consultada.