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Medio: La Razón
Fecha de la publicación: jueves 15 de diciembre de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia directa y participativa
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Se leyeron cinco preguntas en el cabildo de Ascención de Guarayos. Estuvieron presentes alrededor de 2.000 personas. El encuentro fue organizado pr los comités cívicos provinciales de Santa Cruz.

POR PABLO DEHEZA
SANTA CRUZ / 15 de diciembre de 2022 / 01:14
El cabildo celebrado este miércoles en la localidad de Ascensión de Guarayos, determinó apelar a la «justicia indígena» y la autodefensa para hacer frente a los avasallamientos de tierras. Los comités cívicos provinciales cruceños convocaron al evento al que asistieron alrededor de 2.000 personas. El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, sugirió recurrir a la “justicia indígena” para resguardar las tierras.
Las principales determinaciones del cabildo fueron las siguientes: declarar a Guarayos y la Gran Chiqitanía como una zona rehén de grupos armados que dicen ser masistas: ejercer el derecho a la autodefensa frente a los avasallamientos de tierras; exigir que se investiguen los hechos de violentación del derecho propietario y que los culpables sean procesados y sentenciados; dar un plazo hasta el 30 de enero para que se convoque a la Comisión Agraria Departamental en Santa Cruz; y respaldar las decisiones que tome el Comité Pro Santa Cruz ante una eventual persecución política.
Las preguntas del cabildo
El presidente del Coité Cívico de Guarayos, Salvador Vaca, formuló las cinco preguntas del cabildo. Todas tuvieron por respuesta un sí unánime. La primera fue la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en declarar que somos una sociedad secuestrada por grupos armados irregulares que no respetan la constitución ni la ley? Y por consiguiente, ¿declaramos ante el mundo que somos una sociedad y una nación rehén, de traficantes de tierra que dicen ser parte del partido de gobierno?”
La siguiente cuestión planteada se refirió “al actuar impune de milicias armadas, masistas, en Guarayos y la Gran Chiquitanía”. El líder cívico hizo la segunda pregunta, indicando previamente que los avasallamientos ponen en riesgo la propiedad de las tierras e incluso la vida de las personas. “¿Está usted de acuerdo, como originario y trabajador del campo del lugar, en ejercer su derecho a la legítima defensa en proporción a la agresión? ¿De acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios? En el caso afirmativo de que vamos a ejercer nuestra justicia indígena, ¿aprehender y apresar a los delincuentes y entregarlos a manos de la justicia?”
Salvador Vaca advirtió que “en este caso, de que tengamos que actuar nosotros, el pueblo, el único responsable de lo que pudiera pasar es el Gobierno central”.
El cabildo exige procesos y condenas
La tercera pregunta fue la «¿Está usted de acuerdo en exigir a los operadores de justicia, que de manera inmediata conformen una comisión de jueces, fiscales e investigadores permanentes para que procesen todos los casos de avasallamientos de la provincia Guarayos y la Gran Chiquitanía hasta lograr sentencias condenatorias em contra de estos delincuentes?
“Sabiendo que la invasión violenta de tierras cruceñas se origina porque el Gobierno central no ha querido viabilizar la Comisión Agraria Departamental, violentando el derecho al acceso a la tierra y a la titulación de éstas de los originarios del lugar, favoreciendo a los avasalladores y traficantes de tierra, ¿está usted de acuerdo en que la Mancomunidad Chiquitana, todos los presentes aquí, le demos un plazo máximo al Gobierno (nacopnal) para que hasta el 30 de enero del 2023 para que viabilice y convoque a la Comisión Agraria Departamental, como señala la Ley INRA? ¿Y que, en caso contrario, el bloque chiquitano más los guarayos nos reservemos el derecho de asumir las acciones de hecho que sean necesarias?”, dijo Vaca al formular el cuarto punto del cabildo.
“Ante una eventual ofensiva judicial y persecución orquestada por el Gobierno central en contra de nuestra sociedad y sus líderes, la misma que ha comenzado desde el paro cívico por el censo, ¿está usted de acuerdo en brindar el total respaldo al comité interinstitucional y los líederes cívicos provinciales y acatar las decisiones de nuestro Comité Pro Santa Cruz?”, expresó Vaca al leer la quinta y última pregunta.
Salvador Vaca, finalizando su intervención y con ello el cabildo, indicó que “como nación originaria guaraya y la Gran Chiquitanía, preexistentes a la República de Bolivia, nos declaramos a partir de la fecha en emergencia y vigilia permanente hasta que se cumplan y hagamos cumplir los mandatos de nuestro cabildo”.
La palabra del Comité Pro Santa Cruz en el cabildo de Guarayos
El primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, dio un discurso en el marco del cabildo. El dirigente llamó a que los pobladores de la zona tomen acciones directas por su cuenta contra los avasalladores. Explicó que, ante lo que considera la inacción del Gobierno nacional, es el único camino que queda.
“Qué les quiero decir, queridos hermanos guarayos y chiquitanos, que ustedes son los dueños del territorio y que ustedes son los llamados por ley a asumir la defensa de su territorio”, dijo Larach.
“Lamentablemente, ante la ausencia del Estado, porque aquí no llegan las autoridades a poner orden, los sacan a tiros los que vienen de otro lado. Porque así los sacaron a los policías, ¿o miento? Ante la ausencia del Estado son ustedes los llamados por ley a poner orden”, afirmó.
“La justicia indígena debe funcionar. Ustedes deben ponerle coto al asunto. Ese es el mensaje que yo traigo. Mis queridos hermanos, es la única forma”, sentenció el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.




