El futuro de Carlos de Mesa y tres de sus exministros está en manos de la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ayer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia definió por unanimidad remitir el expediente del caso Quiborax al Órgano Legislativo con la recomendación de que autorice el juicio de responsabilidades. José Antonio Revilla, presidente del máximo tribunal del país, explicó que no han entrado en consideraciones de las pruebas del caso y definió la etapa concluida como el ‘prejuicio’.

En La Paz, Carlos de Mesa citó a una conferencia de prensa en la que aseguró que Pablo Menacho, procurador del Estado, se comporta como funcionario de Quiborax; dijo que esto era un linchamiento político y que quienes lo acusan quieren encubrir sus delitos al haber pagado $us 42,6 millones a Quiborax.

Escenarios

El caso se había quedado pausado el martes en una carta enviada por De Mesa a la Procuraduría. En ella pedía a Pablo Menacho que aplique el mismo criterio contra Evo Morales y lo denuncie penalmente por la nacionalización de Guaracachi, ya que el Tribunal Permanente de Arbitraje de la ONU la había declarado ilegal y había obligado a Bolivia a pagar una indemnización. Ayer, Menacho salió a defender el proceso de nacionalización de Guaracachi. Mediante una carta, Menacho aseguró que la nacionalización de la empresa eléctrica fue legal, enmarcada en la Constitución que define la provisión de energía eléctrica como derecho humano, que el Gobierno del MAS no actuó por pasiones, afectos o desafectos, sino por planificación”, escribió. Describió que con Guaracachi se ganó $us 31 millones, y que con Quiborax perdió 42,6 millones.

Menacho no ahorró en ironías en su texto. “¿Nota usted la diferencia entre uno y otro caso?” “Qué sabe usted de potestades”, escribió y lo acusó de haber confundido los términos ‘revocar’ y ‘anular’ en su decreto de expulsión a Quiborax.

Sin embargo, no todo el Movimiento Al Socialismo se volcó en contra del expresidente. Dos exministras lanzaron criterios que lo ayudan. La primera de ellas fue Cecilia Rocabado, exministra de Defensa Legal del Estado, que aseguró en una entrevista a Erbol que No Metallic Minerals era una empresa ficticia, creada en un bufete de abogados por sus dueños y dos de sus empleados y que así operó durante cuatro años, dejando como legado deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos. El problema es que en el arbitraje en el Ciadi, el tribunal mostró su sorpresa al saber que el Estado boliviano se interesó de estas irregularidades solo al llegar al arbitraje.

Otro balón de oxígeno para De Mesa llegó desde el Twitter de Amanda Dávila, exministra de Comunicación. “Defiendo el principio de la nacionalización, bandera de nuestro proceso y de nuestro presidente Evo. Estado y Gobierno bolivianos tienen el deber de proteger los intereses, la dignidad y soberanía del país contra empresas extranjeras mafiosas y agencias intervencionistas”, escribió ayer, luego de haber puesto su apoyo expreso a De Mesa el martes: “Carlos de Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena Quiborax en defensa del país”.

Sin tocar a Evo

Pero Carlos de Mesa sabe defenderse solo. Ni bien se conoció la decisión de la Sala Plena convocó una conferencia de prensa en Sopocachi y ahí trató de fijar algunos puntos: lo suyo fue la nacionalización del Salar de Uyuni y la expulsión de una empresa mafiosa. Lo siguiente fue atacar al Gobierno pero no tocar al presidente Evo Morales. Así por ejemplo, calificó de vergonzosa las actuaciones del ministro de Justicia, Héctor Arce, y del procurador Menacho, de quien dijo que se comportaba como un empleado de Quiborax; desautorizó a César Navarro, ministro de Minería, para hablar de su futuro y le recordó que el único que puede removerlo de su condición de vocero de la demanda marítima es el mismísimo Evo Morales; mandó a estudiar a Jorge Alberto Gonzales, presidente del Senado, para que se dé cuenta de que si lo condenan por los delitos que lo acusan sí irá preso, y aseguró que mientras él ha dedicado dos años de su vida a trabajar para la demanda marítima boliviana, Arce y Navarro le dieron 42,6 millones a Andrés Jana, abogado de Quiborax y representante chileno en la demanda ante La Haya.

Ni siquiera cuando dijo que lo suyo era un linchamiento político y que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia eran los ejecutores se fue de frente contra Morales, sino a la autoflagelación. “Tengo que demostrarle al país cómo está el sistema judicial, independientemente de cuáles sean las consecuencias”, dijo. Cuando se le preguntó si esto era para apartarlo de la candidatura a la Presidencia en 2019, esquivó la bala: “No voy a jugar a lo que el Gobierno quiere que juegue, la electorización prematura de las elecciones de 2019. No hay ninguna razón de hablar de candidaturas. Hay que unirse para decir que Evo Morales no puede ser candidato en 2019”, lanzó.

Confiesa que no tiene muchas esperanzas en la Asamblea Legislativa, que no es optimista porque el MAS tiene dos tercios, pero no se da por vencido: “Voy a enfrentar el proceso con la misma fuerza, voluntad y entereza que lo he hecho hasta ahora. No voy a bajar la cabeza y voy a demostrar que los verdaderos responsables, los que han cometido los delitos, son los que se permiten, en este sistema y mundo al revés, acusarme”, prometió.