Después de 13 años de rodillo masista, desde la conquista de ambas cámaras legislativas por el partido azul en las elecciones del 2009 (con un breve interregno acuerdista en los tres meses iniciales del gobierno de transición), la concertación entre el arcismo y la oposición para aprobar la Ley del Censo representa una oportunidad, todavía frágil, de reinstalar el juego parlamentario que es consustancial a la democracia liberal.

Por supuesto, no debemos caer en la ingenuidad de presuponer que las fracciones enfrentadas del Movimiento Al Socialismo no volverán a unirse en otras votaciones, pero si tenemos en cuenta que la fractura ya se había expresado antes, en un par de momentos claves, podemos afirmar que la posibilidad de acuerdos manifestada en el tratamiento de la norma censal es algo más que un caso aislado.

Durante el proceso de selección de un nuevo Defensor del Pueblo, las “alas azules” incialmente habían promovido a dos candidatos distintos, lo que no supo ser aprovechado por las bancadas de oposición. Distinto fue lo sucedido en la reciente conformación de nuevas directivas legislativas, donde un sector opositor facilitó la victoria del arcismo sobre el evismo en diputados, lo que posteriormente acabó ayudando a la sanción de la Ley del Censo en esa cámara.

Ya Evo Morales ha clamado con furia contra “el regreso de la democracia pactada”, que en realidad es simple democracia, desagradable a su paladar totalitario. Y es que el caudillo cocalero ha visto reducido su caudal de apoyo a 1/3 del Parlamento, con el agravante de que su expupilo, Andrónico Rodríguez, se ha alineado con Arce y Choquehuanca, formando una suerte de triunvirato que puede ser fatal para las aspiraciones de Morales de volver al sillón presidencial (incluso representando un peligro para el liderazgo sectorial del exmandatario sobre los sindicatos del Chapare).

Nada de esto significa que las grandes contradicciones del escenario político boliviano disminuyan demasiado en su intensidad y sin duda varios de los acuerdos necesarios en los próximos años tendrán que ser fogoneados por la fuerza de la movilización callejera.

Esto puede ser válido tanto para la reforma de la justicia como para el pacto fiscal y la nueva cartografía electoral, entre otros asuntos estructurales. Pero que el Parlamento vuelva a ser una instancia de resolución de los conflictos no deja de ser un avance considerable.

Reaprender la cultura del parlamentarismo será un desafío doble: para los acostumbrados a imponerse a través del rodillo y para los habituados a la lógica de una resistencia testimonial. En buena medida, el paso final de la era evista a una nueva etapa se decidirá en este campo.