Si algo ha sido constante en los 36 días de la crisis del censo, fue la nula capacidad del Gobierno de establecer un diálogo transparente que evitara posiciones extremas. Es una obligación sobre todo de los gobernantes, pues quienes ocupan funciones ejecutivas deben estar atentos a las manifestaciones del conflicto social y plantear las respectivas soluciones.

Durante los 36 días tan sólo se vio la intención gubernamental de imponer la postergación del censo, sin argumentos convincentes, con el respaldo de gobernadores y alcaldes oficialistas -convocados a un Consejo Autonómico- y sin que se diera la posibilidad de escuchar las ideas del Comité Interinstitucional cruceño para solucionar el conflicto. Con agresividad, lo cual agravó el conflicto, fueron rechazadas todas las iniciativas que, desde una posición técnica, habían formulado otros actores que no fueran el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cabe expresar que el INE tuvo hasta 10 años para plantear una pormenorizada propuesta, pero lamentablemente sólo emitió señales de incertidumbre sobre el empadronamiento.

Bajo esos antecedentes, había pocas expectativas para la aprobación en el Legislativo de la ley del censo. Sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario, pues la norma ha contado con el respaldo necesario, de tal modo que, tras la promulgación, podría cerrarse el conflicto.

En efecto, en la Cámara Baja, la ley del censo recibió 119 votos: 93 fueron de aprobación, 23 de rechazo, dos en blanco y uno nulo; en la votación en detalle, se emitieron 93 votos de aprobación, 25 de rechazo y tres blancos. De los 130 diputados, 73 son del MAS, 41 de Comunidad Ciudadana y 16 de Creemos.

En la Cámara Alta, Comunidad Ciudadana y Creemos cuentan con 15 senadores, pero necesitaban cuatro votos más para la aprobación de la ley del censo; finalmente, la norma, que dispone la distribución de recursos y de escaños en la Cámara Baja, dispuso de los votos de ocho senadores masistas, pero de la tendencia denominada “renovadora”.

Como resultado del proceso de aprobación de esta ley, en el Poder Legislativo ahora hay tres grandes corrientes partidarias: el masismo radical o evismo, que se opuso a la ley del censo; el masismo “renovador”, que estableció acuerdos para alcanzar un consenso y, finalmente, la oposición, que es un bloque conformado por los legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Lo que llama la atención, en el consenso por esta norma, es el aislamiento en que ha quedado el evismo o el ala radical del MAS. De esta tendencia procedían las posiciones que llamaban a no negociar con la “derecha” ni con los “neoliberales”, lo cual revela una perjudicial inflexibilidad a la hora de alcanzar acuerdos en el Legislativo.

Es posible que ahora haya un nuevo escenario que permita puentes de diálogo, para no caer en posturas radicales y extremas que causan daño a la convivencia democrática.

Y tal vez somos testigos del cierre del ciclo político del evismo. La democracia exige diálogo, debate y concertación: tres factores que han sido sistemáticamente ignorados en los gobiernos de Evo Morales, más propensos a imponer y a usar la coerción.