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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 14 de diciembre de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 continúa en vilo. La Cámara de Diputados suspendió para el jueves el tratamiento del proyecto de ley ya que al MAS no le alcanzó el tiempo para encaminar consensos. Sin embargo, tras una larga reunión con representantes del Ministerio de Economía, los “evistas” salieron convencidos de aprobar el presupuesto. Mientras los “renovadores” no pudieron persuadir a los opositores, quienes insisten en hacer varios ajustes en favor de las regiones.
“Nos reunimos con el ministro de Economía, viceministros que nos explicaron en detalle sobre lo que contiene el Presupuesto General del Estado en relación a los programas y proyectos. Se le ha hecho sugerencias y el ministro lo ha recibido de muy buena manera. Hay una gran posibilidad (de aprobar) no creo que haya mayor dificultad. Queríamos esto, que se nos aclare y explique las dudas que teníamos en relación a proyectos. Acá no se viene a aprobar una ley tan importante en dos horas de explicación”, sostuvo el diputado Héctor Arce.
Agregó que para no incurrir en demoras en la aprobación del presupuesto de 2023, pidieron a Economía una rendición de cuentas detallada sobre la ejecución de proyectos dos días antes del tratamiento en el Legislativo.
La reunión continuó pasada las 18:00 de ayer, hora en que debía reinstalarse la sesión, motivo por el que el presidente Jerges Mercado decidió suspender el debate “cinco minutos antes”, según los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) que quedaron molestos por ser la única bancada que se presentó en el piso 18 del edificio legislativo.
En pasillos de la Asamblea se escuchó de administrativos que Creemos posiblemente llegó a un acuerdo con el oficialismo, razón por la que no se presentó a la convocatoria.
“No hay ninguna explicación de por qué se suspendió, no es la primera vez que se suspenden sesiones en la gestión de Jerges Mercado. Nos sorprende que seamos la única bancada que haya llegado en su totalidad. Ni el MAS ni Creemos han asistido y nos parece una total falta de respeto para los parlamentarios y la población que necesita certidumbre”, manifestó la diputada de la alianza CC Samantha Nogales.
Mientras CC hacía sus descargos ante los medios de comunicación en el piso 19, tres niveles abajo se encontraban reunidos el ministro Marcelo Montenegro y 32 parlamentarios del ala “evista”. Por fuentes del MAS, se conoce que el encuentro se concretó con la única condición de que el jefe de bancada, Andrés Flores, no estuviera presente ya que no lo reconocen como autoridad y “para que vean que el dedazo de Arce no funciona”.
Los también llamados “radicales” observaron la ausencia de proyectos como la construcción del camino entre Villa Tunari, Confital y Colomi, del complejo farmacéutico en Santiváñez y del oncológico en Tolata. Todos son planes para Cochabamba.
El proyecto de ley se paralizó desde el pasado jueves cuando un bloque del MAS “saboteó” a su Gobierno quitándole la mayoría necesaria para que la norma pase al Senado.
Ahora en Diputados se requieren dos tercios para reconsiderar el anteproyecto, es decir, de los 130 legisladores, 87 deben votar a favor. El MAS solo cuenta con 78 diputados entre “renovadores” y “radicales”, y requieren nueve votos de la oposición que pueden conseguir de los disidentes de las bancadas de oposición.
Los legisladores de CC consideran que si ayer se llevaba adelante la sesión no iban a conseguir los votos necesarios. Incluso, Nogales observó una “irregularidad” antes de la suspensión de la sesión, mencionó que había planillas donde debían colocar sus nombres y firmas, hecho que no es normal, ya que se espera a que el secretario llame la lista.
Para la diputada, el MAS quiso comprobar si lograba los dos tercios y como no lo logró, suspendió la sesión.
En medio de los acuerdos surgió otra duda. Si el bloque de Evo Morales pidió modificaciones al proyecto, según la norma, se necesitarán otros 60 días para que el Ejecutivo envíe la propuesta con correcciones. Eso implicaría que el presupuesto se trate el primer semestre de 2023. Pero por la urgencia de la aprobación, el otro camino es confiar en los compromisos asumidos por el Gobierno en la reunión reservada con los ‘evistas’.
Reunión con opositores
La mañana y tarde de ayer estuvo muy agitada para los renovadores ya que se los vio camino a la reunión con CC y Creemos. El diputado José Manuel Ormachea dijo que el MAS ofreció distribuir Bs 16 millones de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) a otras necesidades. Sin embargo, este monto no convenció a la oposición y abandonaron las negociaciones.
“Hemos tenido una reunión con el ala arcista del MAS ya que fuimos invitados por el presidente de Cámara, Jerges Mercado, y la propuesta ha sido ridícula e imposible que aceptemos porque simplemente iban a relocalizar Bs 16 millones de Diremar, de los Bs 344.000 millones que corresponden al presupuesto general. Nos dijeron que ese dinero tal vez podemos mover a educación, justicia y a las entidades territoriales autónomas. Eso no era aceptable, es una burla y por eso hemos abandonado esa ronda de negociaciones”, dijo el legislador.
Luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las aguas del Silada, crecieron las voces para pedir el cierre de Diremar, ya que según el diputado Alberto Astorga esa institución “es un gasto insulso para todos los bolivianos, tiene funcionarios masistas, tiene un secretario general, directores y no ganamos ningún juicio”.
Ormachea acotó que para dar sus votos al presupuesto necesitan al menos que se incremente “sustantivamente” recursos a educación, justicia, salud y entidades autónomas. “Hay partidas presupuestarias como gastos dispendiosos específicamente para el presidente del Estado que son una millonada. Por lo menos, pedimos que el 80% del presupuesto sea relocalizado”, refutó.
Ayer por la tarde, los ausentes fueron los parlamentarios de Creemos. Aunque algunos desde sus regiones ratificaron que rechazarán el presupuesto por ser “centralista y estatista” que no beneficia a las gobernaciones ni a los municipios.