La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió ayer remitir a la Asamblea Legislativa los antecedentes de acusación contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, para que sea esta instancia la que autorice o rechace un juicio de responsabilidades. En tanto, el exmandatario y vocero de la demanda marítima anunció que asumirá defensa en este proceso que busca demoler su imagen política.

“Se dispuso la remisión de la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa a efectos que determine lo que corresponda en el ámbito de sus competencias (…) Es una decisión unánime de los miembros de la Sala Plena. Reitero porque es una etapa de antejuicio, no se está juzgando ni está comenzando procedimiento, son más de tres mil fojas”, informó desde la ciudad de Sucre el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

Tras conocer esta decisión, el expresidente Carlos Mesa acusó al TSJ y al ministerio público de ser el “brazo ejecutor” de los caprichos del Gobierno de Evo Morales, para persecuciones políticas con el fin de “criminalizar la política”.

“Esta decisión muestra que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia son un brazo ejecutor de este sistema de persecución, que es judicializar o criminalizar la política a través de procesos penales, o en el caso mío de juicio de responsabilidades que sustituyen a los tanques y a las ametralladoras”, destacó el exdignatario.

VALORACIÓN

La decisión que tomó el TSJ fue conocida aproximadamente a las 17.20, tras reunirse en Sala Plena y debatir sobre el caso en cuestión. Revilla explicó que en el debate participaron siete de nueve magistrados, los integrantes de la Sala Penal se abstuvieron de emitir criterio ya que remitieron el informe y los antecedentes ante el pleno.

El pasado martes, la Sala Penal de TSJ resolvió remitir los antecedentes del caso al plenario de esa instancia, para que esta defina si es enviado o no al Legislativo.

El 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Mesa y tres de sus exministros, porque se incumplieron leyes e incluso se emitió un decreto ilegal para la reversión de las concesiones lo que derivó en la controversia con la empresa chilena, según explicó el procurador Pablo Menacho.

Quiborax SA y su socia Non Metallic Minerals SA recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) para demandar a Bolivia por la expulsión y reversión de las concesiones. El Centro falló a su favor y en mayo de este año ratificó un laudo que obligó a Bolivia a cancelar como indemnización $us 42,6 millones.

DEFENSA

Mesa se declaró poco optimista de la decisión que vaya a tomar el Legislativo, ya que dos tercios está compuesto por asambleístas del Movimiento Al Socialismo, quienes anteriormente advirtieron que existen los elementos suficientes para que sea procesado por las presuntas irregularidades en la reversión de las concesiones minera de la firma chilena.

“Soy consciente de que soy víctima de una persecución política, soy consciente que mi deber como ciudadano es demostrarle al país, cómo funciona y cuán podrido está el sistema judicial, independientemente de cual sea la consecuencia en mi caso”, resaltó.

El presidente del Senado, pidió a Mesa a que deje de victimizarse porque no alcanzará el tiempo para encarcelarlo e inhabilitarlo políticamente, ya que el proceso de juicio no demora más de dos años.

Ante esto el exdignatario dijo que hace una valoración objetiva del proceso que se le instauró, puesto que es una demanda penal que puede derivar en una sanción de privación de libertad.

VOCERÍA

El ministro de Minería, Cesar Navarro sentenció el futuro próximo del exmandatario, dijo que la se jubilará políticamente en agosto del 2019, además que concluirá su trabajo como vocero de la demanda marítima, ya que hasta fin de año se conocerá el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que a su criterio emitirá un fallo favorable para el país.

Ante esto, Mesa dijo que el único que puede definir cuál es su destino en este cargo es el presidente Evo Morales, ya que fue invitado por la autoridad, advirtió que navarro no tiene voz n para decidir su participación en este proceso.