Medio: El País
Fecha de la publicación: martes 13 de diciembre de 2022
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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Hubo un fallo a favor de una persona de la tercera edad acusada de avasallamiento
- Redacción Central / El País
- 13/12/2022 00:00
Justicia comunitaria, es lo que se ha aplicado el pasado fin de semana en el pueblo indígena Guaraní del municipio de Yacuiba para la resolución de un conflicto, proceso a través del cual se falló a favor de una persona de la tercera edad que había sido acusada por avasallamiento, pero que se logró demostrar que ha vivido y trabajado por más de 40 años en la comunidad de Cañitas.
Este veredicto fue calificado de “histórico” por parte de autoridades de la Región Autónoma del Chaco, ya que es la primera vez que se ejecuta de manera oficial este tipo de procesos para la resolución de conflictos.
El hecho se desarrolló el pasado 10 de diciembre, contó con la presencia del ejecutivo regional del Chaco, José Luis Ábrego. Ocasión en la que, además, fueron posesionados los jueces naturales y coordinadores de la Nación Guaraní de Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Monteagudo; también de las comunidades campesinas Palmarcito y Cañitas.
Los miembros del Tribunal de Jueces y Coordinadores de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina del Estado Plurinacional de Bolivia, llegaron incluso desde el interior del país, tales como Jhonny Coa Huanca, dirigente Poncho Rojo de la población de Achacachi-La Paz.
El máximo dirigente de la comunidad de Cañitas, Henry Zubelza, explicó que esta es la justicia más equilibrada que empieza a funcionar por primera vez en el país, con la misión resolver los conflictos entre vecinos de las comunidades y evitar la retardación en la justicia ordinaria.
Entre los veredictos y las resoluciones, el caso más significativo fue el intento de despojo de terrenos que sufrió una adulta mayor con discapacidad, quien fue acusada de avasallamiento. El caso llegó al Tribunal Agroambiental, el mismo que fue declarado incompetente, y luego los jueces naturales restituyeron los derechos de la acusada que vivió y trabajo en el lugar por más de 40 años.