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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 12 de diciembre de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Rivera, exmagistrado, informó que están en la fase de impresión de los 17.000 libros y que deben ser notariados en su apertura y cierre.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional y miembro del grupo de Juristas Independientes, José Antonio Rivera, aseguró que al Gobierno central le conviene tener una justicia en crisis para instrumentalizarla políticamente. Por esa razón, aceleran la organización del recojo de firmas para la reforma judicial.
El abogado manifestó que los juristas que impulsan la iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para sentar las bases de la transformación de la justicia están en plena movilización construyendo la cruzada nacional para recoger firmas.
“Estamos en la fase de impresión de los 17.000 libros y que deben ser notariados en su apertura y cierre. Además, de organizar logísticamente en los distritos y territorios en todos los municipios para que la primera semana de enero podamos salir de manera organizada a recoger las firmas”, declaró el jurista.
Al menos 10.000 personas se movilizarán en todo el país para registrar a las personas que estén de acuerdo en la necesidad de la reforma del sistema de justicia.
“Por lo menos vamos a movilizar a 10.000 personas, en cada municipio organizamos de manera territorializada y distritalizada con jóvenes”, precisó. Jóvenes que quieren aportar en la recolección se están sumando, pero se tiene un fuerte apoyo de la Fundación Jubileo, sostuvo.
Rivera manifestó que el Gobierno entiende que hay necesidad de transformar la justicia, pero que tiene una ambivalencia, ya que le es “útil una justicia en crisis, porque se instrumentaliza la justicia para la persecución penal”.
Además, porque, si no se “reforma la justicia, se debilita el estado de Derecho y eso es un riesgo para quien ejerce el poder”.
De acuerdo con la Ley del Órgano Electoral, deben recoger el equivalente al 20% del último padrón electoral, es decir, 1.483.000, pero se pusieron como objetivo recoger 1.500.000 firmas, porque luego el Tribunal Supremo Electoral depurará y se trata de asegurar el porcentaje.
“Además de registrar los nombres, debemos autenticar su número de carnet de identidad utilizando un sistema informático para evitar algunos fraudes o adhesiones malintencionadas. Es una tarea difícil, pero estamos en eso”, agregó.
Tienen 90 días para entregar los libros con las firmas, esperan hacerlo en 60 días para que el TSE pueda contrastar los registros con la base de datos del padrón electoral y proceder a la depuración, luego pasará al Tribunal Constitucional para el control constitucional y finalmente a la Asamblea Legislativa, instancia que debe emitir la convocatoria al referendo.




