𝗣𝗼𝗿 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗲𝗸,
𝗦𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇

Como estrategia de poder el presidente Arce Catacora y el MAS han diagramado una política agresiva con focos de guerrilla urbana, una verdadera guerra de baja intensidad, que está dirigida a impulsar avasallamientos, toma de predios, de espacios públicos, parques y reservas en todo el territorio nacional, especialmente en Santa Cruz.

“El fin justifica los medios” para el gobierno que pretende consolidar una toma política y económica en el momento que el MAS es ahora un partido fraccionado, que ha generado un gobierno debilitado y confrontado intestinamente, carente de políticas económicas, de reactivación y sin visión de futuro.

El gobierno de Luis Arce Catacora en vez de reflotar al país ha optado por un ataque sistemático que pasa incluso por el extremo de la violencia con grupos irregulares que invaden espacios públicos y privados y que se constituyen en un ejército miliciano a las órdenes de su partido.

Estos ciudadanos son acarreados y motivados por la repartición de tierras como botín y están dispuestos a poner en zozobra a la sociedad civil usando el ataque incluso armado.

Los avasalladores interculturales han mostrado ya de lo que son capaces en las Londras (zona de expansión soyera a lo largo del río Pailas del municipio El Puente); ataque que se ha visto replicado e intensificado en el departamento de Santa Cruz en los últimos días (desde que inició el paro cívico por el Censo como excusa), situación en la que en varias regiones del departamento, en especial en la provincia Guarayos y zonas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra (como en Las Lomas de Arena, zona de recarga de acuíferos de la ciudad), donde avasalladores llegados del occidente del país toman tierras violentamente por fuerza de las armas (escopetas, dinamitas, palos y piedras), sembrando terror y destrucción, bajo la mirada cómplice de las fuerzas del orden, Policía y Ministerio Público, sometidas al poder del gobierno.

El MAS con sus correligionarios tienen planificado generar un control de las ciudades mediante cercos, están dispuestos a atacar sistemáticamente a la sociedad civil para cercarla y controlarla y no permitir que se reivindiquen sus derechos.

El MAS tiene el objetivo primordial de desestabilizar la convivencia pacífica, paralizar la incesante economía y la institucionalidad en la población del departamento de Santa Cruz, en especial como polo de desarrollo activo de Bolivia en su conjunto. Su objetivo es convertir a Santa Cruz en una zona ruinosa e inhabitable pacíficamente, paralizada por el miedo y por el terror; fundamentalmente, paralizarla como la locomotora económica de Bolivia.

Los “mañaneros”, afines al MAS, cuyo dirigente es precisamente uno de los que encabezó los ataques en contra de los puntos de bloqueo durante el paro cívico por el Censo, ahora mantienen en vilo, caos y violencia a lis mercados de la ciudad, dejando decenas de heridos, sin que la Policía y Ministerio Publico realicen acciones ordenadas por la Constitución para imponer el orden y la pacífica convivencia ciudadana.
Los heridos graves fueron producto de dinamitas, explosivo que no es habitual en esta región del país.

La Policía y el Ministerio Publico apoyan a los grupos de choque, que ya pueden ser denominados grupos irregulares armados, a lo que se suma el amplio apoyo y tergiversación de los hechos por parte de los medios estatales de comunicación, que muestran a Santa Cruz como una “zona de guerra” (que es uno de sus objetivos centrales en el sembrado del terror).

En ese marco, existe toda una narrativa de tergiversación discursiva -al cual se prestan los parlamentarios y ministros del MAS, como parte del armado en escena- denominando a los dirigentes y a los mismos habitantes cruceños de logieros, extranjeros, croatas, terratenientes y otros calificativos inaceptables, pidiendo incluso que abandonen el país.

El gobierno necesita del centralismo recalcitrante para concentrar recursos que sostengan este “terrorismo de Estado” y conseguir sus objetivos, como sucedió en Nicaragua y Venezuela, países sumidos en la dictadura, terrorismo de Estado y miseria, como el mismo ministro Edgar Montaño (MAS), reconoció públicamente.

A esos límites y excesos de destrucción inadmisibles nos quiere llevar el MAS por conservar su poder y sus prebendas.