Por decisión unánime de sala plena, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  solicitó a la Asamblea Legislativa que autorice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el polémico caso Quiborax.

 “Se ha emitido la resolución  disponiendo la remisión del requerimiento acusatorio ante la Asamblea Legislativa a efectos de que ella determine lo que corresponda en el ámbito de sus competencias”, informó en Sucre el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, quien comunicó que el pedido de juicio contra Mesa fue “una decisión unánime de los miembros de sala plena”.

Sala plena se instaló con siete magistrados: José Antonio Revilla, Ernesto Jaimes, Juan Carlos Berrios, María Cristina Díaz, Esteban Miranda, Ricardo Torres y Carlos Alberto Eguez. No participaron Edwin Aguayo Arando ni Olvis Eguez Olivia, quienes conforman la Sala Penal, según el portal web del TSJ.

“Participaron magistrados que componen  otras salas especializadas, no se contó con los magistrados de la Sala Penal,  porque ellos emitieron el informe y no correspondía que estén presentes”, aclaró.

 El magistrado Revilla explicó que en las siguientes horas enviarán al Legislativo los expedientes de más 3.000 hojas,  adjuntando la resolución, en la  que piden autorizar el juicio contra Mesa por presunta emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“Linchamiento”

Esa decisión, según Mesa, confirma sus sospechas de que el Ministerio Público y el TSJ “son el brazo ejecutor de este sistema de persecución, que es judicializar o criminalizar la política a través de procesos penales –y en el caso mío, con el juicio de responsabilidades–, los que sustituyen a los tanques y ametralladoras”.

 En ese marco, agregó que  es “víctima de una persecución política y una criminalización de la política, y soy consciente de que mi deber como ciudadano es demostrarle al país cómo funciona y cuán podrido está el sistema judicial, independientemente de cuál sea la consecuencia”.

El expresidente agregó que se   busca demoler su figura política, su honor y dignidad.

El proceso inició a fines de mayo, cuando el procurador del Estado, Pablo Menacho, denunció a Mesa ante la Fiscalía. La demanda fue interpuesta días después de que el Gobierno pagó 42,6 millones de dólares a Quiborax, empresa que ganó el laudo arbitral a Bolivia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Luego de un mes, en julio, el fiscal general Ramiro Guerrero presentó el requerimiento acusatorio a Sala Penal del TSJ,       que después de 14 días recomendó iniciar el juicio a Mesa. Horas después, la sala plena del TSJ pidió a la Asamblea la autorización.

  La oposición denunció que hubo celeridad en el caso, a diferencia de otros  en los  que están involucrados afines al MAS. 

Mesa dijo que enfrentará el juicio con la misma fuerza, voluntad y entereza con la que lo hizo hasta ahora. “No voy a bajar la cabeza”, enfatizó el también periodista e historiador, quien dijo  estar consciente de que el proceso concluirá con una sentencia de privación de libertad.

    El martes, el presidente de Senado, José Alberto Gonzales, afirmó que  Mesa y quienes lo apoyan deben estar tranquilos porque el tiempo no alcanzará para “meterlo preso o  para una sentencia ejecutoriada”.   

“Un juicio de responsabilidades automáticamente es un juicio penal que tiene como objetivo final una condena que implica privación de libertad, la cárcel. Sería bueno que el presidente (Gonzales) se entere de cómo funciona el sistema penal boliviano”, manifestó Mesa.

Una vez que la Asamblea Legislativa, donde  el MAS tiene amplia mayoría, reciba los expedientes del caso Quiborax, lo remitirá a la Comisión Mixta de Justicia Plural para que elabore un informe autorizando o rechazando el juicio contra Mesa.

La comisión de Justicia Plural en Senado es presidida por Milton Barón, y la de Diputados, por Nelly Lenz Roso. Ambos son del MAS.