Las 575 denuncias registradas por la Asociación de Concejales de Bolivia (Acobol) desde el 2017 hasta el 2022 y las dos únicas sentencias que se tienen en diez años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, son muestra de ello.

“La violencia y el acoso político es un tema importante que nos preocupa contamos con una ley en contra de la violencia política, pero vemos con mucha preocupación que este tipo penal es el que menos sentencias tiene”, indicó la directora de la Coordinadora, Tania Sánchez.

Resaltó que Bolivia es el único país en la región que cuenta con una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, la Ley 243, sin embargo, solo dos agresores fueron sentenciados.

“Se han registrado datos en Acobol y son alrededor de 575 casos entre el 2016 a la fecha y en el Órgano Electoral se han registrado 185 casos hasta la fecha, es una dificultad para el ejercicio de la toma de decisiones (...) esto también limita la fiscalización de nuestras asambleístas o concejalas”, explicó en entrevista con ABI.

Señaló que muchas veces las mujeres en algún cargo político son acosadas porque cumplen con su tarea de fiscalizar y controlar al ejecutivo para mostrar una gestión trasparente y ellas lo hacen porque se deben y responden a sus bases.

Lamentó que pese a contar con una normativa vigente, la violencia, el acoso y la impunidad “persistan”.

Sentencias

El 12 de febrero de 2021, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz sentenció dos años de privación de libertad contra Rafael “Tata” Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de acoso político.

El 26 de octubre de 2022, el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo dictaminó sentencia de tres años de cárcel en contra del exasambleísta departamental de Cochabamba Arturo Vegamonte por acosar políticamente a la asambleísta María Patzi.

Ley 243

De acuerdo con la Ley 243, se define como violencia política a los “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.

En tanto, el acoso político puede ser cualquier “acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o contra sus familias”.