El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, alertó sobre el “alto riesgo” de que la nueva delimitación de las circunscripciones uninominales, como efecto del Censo de Población y Vivienda de 2024, sea politizado o regionalizado por algunos municipios o departamentos.

“Yo veo como alto riesgo el tema de que este trabajo (de delimitación de las circunscripciones uninominales), que es eminentemente técnico, pueda ser politizado, pueda ser sectorizado o regionalizado con alguna demanda de un municipio o una región”, indicó Vargas durante el taller nacional de coordinación y planificación del área de geografía y logística electoral del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que se realizó el lunes y el martes de esta semana en la ciudad de Cochabamba.

Una vez realizado el Censo el 23 de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene hasta el mes de septiembre de ese año para remitir los datos oficiales de población al Tribunal Supremo Electoral “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente”.

Para ese trabajo, el Tribunal aplicará la fórmula establecida en el artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Ley 421. Esa ecuación fue empleada por primera vez en 2013, luego del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012.

La asignación de escaños solo abarca a la Cámara de Diputados, que está integrada por 130 legisladores: 63 diputados uninominales, elegidas y elegidos por simple mayoría de sufragios válidos; 60 diputados plurinominales, elegidas y elegidos de las listas encabezadas por las candidaturas para presidenta o presidente del Estado, mediante el sistema proporcional.

A ellos se suman los siete legisladores de las circunscripciones especiales indígena originario campesinos que corresponden a cada departamento donde habitan naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios, que representan a la plurinacionalidad del Estado.

El parágrafo V del artículo 146 de la Constitución establece que la “distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la ley”.

“Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, apunta la norma.

Este trabajo estará a cargo de la Unidad Nacional de Geografía Electoral del TSE y se la ejecutará en dos etapas, dijo el vocal Vargas.

La primera labor será la asignación de los escaños y la segunda la delimitación de las circunscripciones uninominales.

El vocal indicó que la delimitación de las circunscripciones uninominales se realizará de forma coordinada con los tribunales electorales departamentales, instancias que deben contar en 2023 con todos los “recintos debidamente georreferenciados y clarificados con la pertenencia municipal”.

“Si tenemos todo debidamente organizado, una vez que el INE proporcione los datos va a ser más fácil el trabajo, porque el INE también tiene que emitir los datos georreferenciados por manzanos y por municipios y sobre eso se tendrá que hacer esta segunda parte que tiene que ver con la delimitación de las circunscripciones que acá tiene que responder a criterios constitucionales, pero tomando en cuenta la proporcionalidad y la equidad de la representación política”, explicó.

Vargas señaló que el Órgano Electoral tiene que “tener claridad en los críticos y lo efectos técnicos y constitucionales para poder asumir decisiones justas, decisiones correctas”.

“Tememos un equipo con alta experiencia ya que hemos realizado similares trabajos el año 2013”, destacó el vocal.