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La economía del país está en riesgo debido a que en la Cámara de Diputados se rechazó el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó su “extrema preocupación” por los efectos que tiene esa medida en las entidades nacionales.

El rechazo del proyecto de ley también afectará a gobernaciones y municipios que serán perjudicados para desarrollar su gestión.

“En la medida en que no se apruebe este Presupuesto General del Estado (PGN) va a haber complicaciones y van a ser perjudicadas estas entidades subnacionales que requieren de estos recursos para proyectos de inversión, obras, estamos en un momento complicado, especialmente en el área agropecuaria, por la sequía”, advirtió.

Las declaraciones del ministro surgen a raíz de que la Cámara de Diputados, en una primera sesión y luego de 20 horas de debate, declaró un cuarto intermedio para el jueves a las 08.00, dejando sin aprobación la norma.

Ayer se preveía la reinstalación del debate, pero a último momento se aplazó hasta las 18.00 del siguiente martes, dejando en suspenso el tratamiento del proyecto de Ley del PGN 2023.

Es en este marco que el ministro declaró que “no es posible ni razonable que no se apruebe el Presupuesto General del Estado porque se ha demostrado técnicamente su coherencia”, afirmó.

“No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot a la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora, confiamos en que los asambleístas van a hacer una reflexión y tomar conciencia de la importancia del PGE 2023 aprobado”, remarcó Montenegro.

La autoridad mencionó también que en caso de no ser aprobado el presupuesto se tendría que “aplicar una normativa que haga que la aprobación del presupuesto sea por fuerza de ley”.  

En este sentido, el diputado Juan José Huanca, del Movimiento Al Socialismo, advirtió ayer que, según la Constitución Política del Estado, el proyecto de ley del PGE 2023 entrará automáticamente en vigencia si es que en 60 días la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo sancionara.

“El artículo 158, parágrafo 1, numeral 11 de la Constitución Política del Estado establece que si es que no aprobamos en un plazo de 60 días se aplica automáticamente, por Constitución, el Presupuesto General del Estado. (…) Ha ingresado el 1 de octubre; entonces, el 1 de enero ya entra en vigencia”, advirtió Huanca.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, en Trinidad, dio todo su respaldo al PGE 2023 y exhortó a asambleístas nacionales a aprobar este proyecto, y así garantizar que las diferentes instancias del país puedan continuar con su trabajo, afirmó la secretaria ejecutiva de esta organización, Neiba Supa, durante una entrevista con Bolivia TV.

El PGE 2023 perfila una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,86% a pesar del contexto internacional adverso, una tasa de inflación de 3,57%, el resultado fiscal llegará a -7,49% y se mantendrá el tipo de cambio, las transferencias a los gobernaciones, municipios y universidades estatales se incrementarán en 17,8% con relación a 2022.