Está muy bien que desde Santa Cruz se emita una alerta para una eventual movilización, en caso de que se pretenda detener a los dirigentes que encabezaron el paro por el censo. Y estaría aún mejor que se activen mecanismos para impulsar el tema de fondo, que es la reforma de la justicia. Algunas de las alternativas serían las siguientes:

1) Por practicidad, ya que el grupo de Juristas Independientes logró que el Tribunal Supremo Electoral emita los libros para una iniciativa popular, acompañar masivamente el proceso de recolección de firmas. Esto debería desembocar en un referéndum en la segunda mitad de 2023 para una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, creando una Comisión Nacional de Postulaciones de conformación meritocrática, a cargo de diseñar ternas cerradas de donde saldría la designación de los principales magistrados del país.

2) Un Plan B, en caso de que algo falle en el proceso de iniciativa popular (no conseguir las firmas, trabas posteriores en el TSE y el TCP, etc.), sería la elaboración, desde instancias como los colegios de abogados, federaciones de profesionales y academias jurídicas, de una “lista ciudadana” de pre-postulantes, que se pondría a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dada la nueva distribución fragmentaria del Parlamento y con la necesidad de alcanzar los 2/3, se ampliaría la probabilidad de incluir al menos un candidato decente en cada terna que irá a las elecciones judiciales, donde la opción ya no sería el voto nulo.

3) Sin perjuicio de los puntos anteriores, otra reforma parcial a la CPE podría apuntar a una “departamentalización de la justicia”, idea en la que venimos insistiendo desde el año pasado en esta columna y de la que se ha hecho eco la dirigencia cívica tarijeña. La clave sería la designación de los Tribunales Departamentales de Justicia por las Asambleas Legislativas Departamentales, con el correspondiente proceso meritocrático y mayoría calificada, pero sin pasar por el Parlamento nacional. Esta modificación puede promoverse en un referéndum, a realizarse junto con las elecciones generales de 2025 o con los comicios autonómicos de 2026. Su aplicación debería ser vinculante por departamentos.

La reforma de la justicia sigue siendo el asunto fundamental para la recuperación de una democracia plena, proceso en el que, además, pueden incluirse algunos primeros pasos “federalizantes”, como el que sugerimos en el punto 3. Movilizar a la ciudadanía por estos cambios también puede resultar la manera más efectiva de complicar las ofensivas de persecución judicial de naturaleza política, que el evismo espolea con el doble objetivo de mostrar ante las bases masistas la “debilidad” del arcismo y de entorpecer todo diálogo entre oficialismo y oposición.