El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) inició los preparativos para la asignación de escaños y la delimitación de las circunscripciones uninominales con una reunión nacional de las unidades de geografía y logística electoral.

En esa cita, que se desarrolló entre el lunes y martes en la ciudad de Cochabamba, se abordó la parte legal y el trabajo de campo que se ejecutará para la asignación de los escaños legislativos, una vez reciban, en septiembre de 2024, los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda por parte del INE.

La presidenta en ejercicio del TSE, Nancy Gutiérrez Salas, indicó que para cumplir con esa responsabilidad se trabaja en ajustes a un anterior reglamento, pero también en la parte operativa.

El vocal del TSE, Francisco Vargas, precisó que una vez reciban los resultaos oficiales del Censo, en septiembre de 2024, toda la información será remitida a la Unidad de Geografía y Logística Electoral y a la Dirección Jurídica, instancias que tendrán la misión de elaborar un “informe técnico” sobre la asignación de los escaños y que será plasmado en “un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el menor tiempo posible”.

Para ese trabajo, el Tribunal aplicará la fórmula establecida en el artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado. Esa ecuación fue empleada por primera vez en 2013, luego del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012.

El parágrafo V del artículo 146 de la Constitución establece que la “distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la ley”.

“Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, apunta la norma.

Por otra parte, los vocales del TSE advirtieron que las elecciones generales de 2025 serán la “madre de las batallas” entre las organizaciones políticas y por ello demandaron al Estado otorgarles las garantías necesarias para desempeñar su labor incorporándolos a la Ley 044 de juicio de responsabilidades.