Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidieron garantías para realizar su labor y plantearon que una medida para "blindar" la institución es incluir a los vocales en la Ley 044 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Estado, de modo que solo puedan ser juzgados por la vía de un juicio de responsabilidades.

Durante un encuentro nacional, realizado en Cochabamba, los vocales del TSE, advirtieron que las elecciones generales de 2025 serán la "madre de las batallas" entre las organizaciones políticas. Por ello, demandaron al Estado otorgarles las garantías necesarias para desempeñar su labor incorporándolos a la Ley 044 de juicio de responsabilidades.

“Lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley que incorpore a los siete vocales del TSE en la Ley 044, eso es darle garantías institucionales a los siete vocales para que puedan ejercer su labor de la manera más imparcial y sin estar sometidos a ningún tipo de presión política”, dijo el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

El vocal del TSE, Francisco Vargas, indicó que el proceso electoral de los siguientes años estará marcado por "tensiones y polarizaciones" con demandas regionales, por lo que se hace necesario "un blindaje" para los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral "deben gozar de la protección del Estado para asumir sus labores. Es necesario contar con un blindaje institucional con la promulgación o incorporación de los vocales a la Ley 044", sostuvo. 

De acuerdo con el vocal Tahuichi, la propuesta de incorporar a los integrantes del TSE a la Ley 044 para el juzgamiento de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público está en análisis de la Sala Plena y en breve será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

El vocal espera que la norma sea viabilizada antes del proceso electoral previsto para septiembre de 2025, considerando la posibilidad de que se organice una segunda vuelta en octubre de ese año para que las nuevas autoridades asuman el mando del país el 8 de noviembre.

Con esta norma, esas autoridades solo pueden ser procesadas previa aprobación de un juicio de responsabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de que el Fiscal General del Estado requiera ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento del funcionario.