UNITAS

El Foro Político Multiactor que desarrolla la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) este miércoles y jueves en la ciudad de La Paz, dio pie a analizar cuál es el estado de la institucionalidad democrática en Bolivia y, a través de exposiciones y el intercambio de ideas, identificó que dos de los grandes males es la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones estatales y la corrupción.

Este miércoles inició este foro denominado “Ch’enko total: desenredando nudos, buscando rumbos” y que reúne a más de 150 representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, actuales y exautoridades públicas, medios de comunicación, colectivos y otras agrupaciones.

En el panel “Los poderes sin Estado”, el analista político y exsenador Carlos Borth; el exviceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn; y el docente, sociólogo y comunicador social Rafael Loayza desmenuzaron cuáles son los problemas y las causas que enfrenta la institucionalidad democrática en Bolivia, entendida como la separación e independencia de poderes para asegurar el entorno democrático en el Estado.

“En el marco de la democracia es necesario preservar las reglas del juego y esto implica la independencia de los poderes, aquí quiero traerles una visión realista no dogmática: no existe un país en el mundo en que la división de poderes sea absoluta”, mencionó Borth en su alocución.

Bajo esa percepción, el analista político citó la desconfianza existente hacia diferentes órganos del Estado, principalmente al Órgano Electoral. “Si la población no tiene confianza en el Órgano Electoral, que es el que materializa la constitución de los poderes públicos, entonces el poder público carece de legitimidad y credibilidad, eso es lo grave del Órgano Electoral”, enfatizó.

Loayza, por su lado, reforzó la idea de la debilidad del Estado, la cual no ha cambiado, sino más al contrario se ha profundizado en los últimos años producto de la falta de confianza en la que está sometida la institucionalidad pública y que no dependen únicamente de un cambio de autoridades, vocales u otro personal, sino de generar nuevos pactos sociales que permitan restituir la credibilidad.

“Una de las peores instituciones que tenemos en el país es el poder judicial. ¿Qué tanto hemos resuelto con las elecciones de jueces? Los mismos jueces que empezaron una cacería de brujas encarcelando a miembros del anterior régimen (MAS), esos mismos jueces encarcelaron a Jeanine Añez cuando salió del poder. Claramente esta institución requiere una reforma, con nuevas formas, personas y nuevos pactos que le devuelvan la institucionalidad”, explicó Loayza.

El exviceministro Bobaryn mencionó que el problema de la falta de confianza hacia las instituciones del Estado pasa, también, por la independencia. “Mientras nuestras instituciones tengan más independencia, tendrán más credibilidad. Yo siento que estamos en un año de transición, son momentos convulsos. Me parece que la Asamblea Legislativa está entrando en una nueva dinámica, está recuperando autonomía”, precisó.

Acotó que hacer funcionar a la política es tener la capacidad de poder sentarse en una misma mesa con personas que tienen una diferente ideología.

La corrupción viene como un efecto de la falta de institucionalidad, sobre todo en la justicia y el Ministerio Público, según Borth. Mientras ambas instituciones no sean fuertes e independientes, se da vía a que la corrupción impere.

Para Loayza, la corrupción se incrementa en donde hay menos legitimidad de las reglas establecidas para la administración del Estado. Si no se tiene, mencionó, la suficiente cantidad de recursos para hacer cumplir las reglas, hay más probabilidad de que se imponga la corrupción.

El Foro Político Multiactor fue inaugurado este miércoles por la directora de UNITAS, Susana Eróstegui, y el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy. Continuará este jueves con el debate sobre la situación socio política en la que se encuentra el país y con la presentación de una propuesta de política pública para la protección de personas y organizaciones defensoras de derechos.