La Paz, 04 de diciembre de 2022 (ABI). – El 23 de marzo de 2024, Bolivia realizará el Censo de Población y Vivienda, y abrirá la ruta para el debate de un nuevo pacto fiscal y la reasignación de los escaños legislativos.

Será el duodécimo censo de población y el sexto de vivienda de la historia nacional, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para llevar adelante la encuesta nacional, el Ejecutivo impulsó un proceso de diálogo sin precedentes que involucró a los gobiernos departamentales, alcaldías, autonomías indígenas originaria campesinas, la autonomía regional del Gran Chaco y las universidades públicas.

Ese diálogo concluyó con el trabajo de la Comisión Técnica que, luego de sesionar en Trinidad, entre el 5 y 9 de noviembre, recomendó realizar el empadronamiento entre marzo y abril de 2024.

Haciendo eco de la propuesta, el presidente Luis Arce fijó, mediante el decreto 4824, para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.

Los contenidos del decreto fueron recogidos por la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, promulgada el 2 de diciembre, y que terminó cerrando un conflicto y paro alentado por el gobernador cruceño Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo en Santa Cruz. Camacho y Calvo terminaron aceptando la fecha, pese a que el paro indefinido lo sostuvieron sobre la demanda de censo en 2023.

La norma establece que sobre la base de los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir de septiembre de la gestión 2024.

De manera adicional, la Ley 1492 determina que el INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos oficiales de población “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

El nuevo escenario

Sin siquiera haber concluido el proceso pre censal, ya se instaló el debate de la necesidad de generar un nuevo pacto fiscal, una vez se realice el Censo en 2024.

Desde el Gobierno se planteó trabajar en una nueva fórmula de redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, que al momento solo toma en cuenta el número de población.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Enrique Leaño, se pronunció en favor de acordar nuevos factores, entre ellos planteó el Índice de Desarrollo Humano, para que los recursos económicos lleguen de forma equitativa a los diferentes gobiernos ediles.

“Ahora queremos ver si existe esa solidaridad de la que tanto pregonan algunos dirigentes de Santa Cruz, que dicen que luchan por toda Bolivia. Ahora veremos si realmente lo que predican practican, ojalá tengamos ese respaldo de todos y que no haya ningún desacuerdo en que la redistribución no sea solo por población”, afirmó en ese entonces.

Mientras que la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos consideró que “tenemos que discutir el pacto fiscal y lo vamos a discutir, Cochabamba genera el 52% de energía eléctrica de este país y lo producimos con cero regalías, obvio que nos interesa discutir el pacto fiscal”.

Su colega de Chuquisaca, el senador Santiago Ticona Yupari indicó que en ese debate debe primar los conceptos de “equidad, solidaridad y compensación”.

“Ojalá que los conceptos de equidad y solidaridad se pongan en práctica en el tema del pacto fiscal y cuando se esté haciendo la distribución económica”, señaló.

El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías y se realizó el 2017.

Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”.

Los escaños

Por mandato de la Constitución y rarificada por la Ley 1492, una vez concluya el Censo, el INE tiene que remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños”.

Para ese trabajo, el Tribunal aplicará la fórmula establecida en el artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Ley 421. Esa ecuación fue empleada por primera vez en 2013, luego del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012.

La asignación de escaños solo abarca a la Cámara de Diputados, que está integrada por 130 legisladores: 63 diputados uninominales, elegidas y elegidos por simple mayoría de sufragios válidos; 60 diputados plurinominales, elegidas y elegidos de las listas encabezadas por las candidaturas para presidenta o presidente del Estado, mediante el sistema proporcional.

A ellos se suman los siete legisladores de las circunscripciones especiales indígena Originario campesinos que corresponden a cada departamento donde habitan Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos minoritarios, que representan a la plurinacionalidad del Estado.

El parágrafo V del artículo 146 de la Constitución establece que la “distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la ley”.

“Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, apunta la norma.

El TSE recibirá los resultados del Censo el mes de septiembre de 2024, tomando en cuenta el calendario electoral tentativo que programó para septiembre de 2025 las elecciones generales, considerando la eventualidad de celebrar una segunda vuelta si acaso ninguna candidatura presidencial logre el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura.

Con este calendario, establecido por el TSE, las nuevas autoridades electas asumirán el 8 de noviembre de 2025.

JC/Cc