El presidente Luis Arce reprochó la versión “caricaturizada” de federalismo cruceño y aseguró que Bolivia es más grande que una “finca”, en referencia al planteamiento del cabildo de Santa Cruz de revisar la relación de esa región con el nivel central del Estado.

“Incitar a la confrontación entre bolivianos sirviéndose de una versión caricaturizada del regionalismo federalista provocando dolor y muerte debe indignarnos a todos, sobre todo cuando todavía luchamos para superar los terribles efectos de la pandemia y un Gobierno de facto que se dedicó a asaltar el tesoro público”, refirió.

El presidente afirmó que Bolivia “jamás” perderá territorio ante la propuesta de revisar la relación con el Estado, planteada por el Comité Cívico pro Santa Cruz y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

Durante su discurso por los 196 años de creación de la Armada, el mandatario consideró que solo se pretende “manipular” a la población para defender “particularísimos como si el bienestar de una región estuviera reñido con el bienestar del resto del país”.

“Quienes hoy por intereses políticos, circunstanciales, porfían en revisar la relación con el estado boliviano, por decirlo en sus propias palabras, deben comprender que el pueblo boliviano, junto a su gloriosa Armada boliviana, jamás permitirá una nueva pérdida de territorio bajo ningún pretexto”, afirmó.

Sin mencionar a los representantes cruceños, Arce  dijo que Bolivia es “más grande que una finca, por mucho que a las élites antipatria les cueste aceptarlo”.

“Bolivia es una sola y es un barco donde estamos todos, y depende de nosotros que nuestra tripulación llegue a buen puerto o perezca en las aguas del egoísmo, a las que nos llaman a saltar los cantos de sirena, de quienes olvidan que nuestra patria es algo más grande que la suma de sus partes, es un amor desenfrenado de libertad, como dijo alguna vez Simón Bolívar”, agregó.

El presidente Arce fustigó a los miembros del Comité Interinstitucional, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador Luis Fernando Camacho.

Aseguró que su discurso, durante los 36 días de paro en esa región, “incitó a la confrontación entre bolivianos”.

Lamentó que “el dolor, la muerte y la violencia” hayan formado parte del paro y que eso “debería indignarnos a todos los bolivianos.

Finalmente, Arce enfatizó que se construye “un Estado sin exclusiones, ni ciudadanos de segunda categoría, que reconoce su diversidad y se enorgullece de ella, frente a quienes, que, por el color de su piel o sus apellidos extranjeros, se sienten superiores a sus hermanos en el mismo seno de la patria”.

PARO POR EL CENSO

Santa Cruz atravesó durante 36 días un paro para demandar la ley que garantice el Censo, la redistribución de recursos y escaños de cara a las nuevas elecciones. El conflicto terminó tras la promulgación de la norma.

Sin embargo, surgió la propuesta de revisar la relación del Departamento con el Estado. Para eso, el Gobernador cruceño anunció la conformación de una comisión de notables quienes analizarán la iniciativa que surgió como uno de los mandatos del cabildo del 13 de noviembre.

El mandatario insto además a la Armada a defender los recursos naturales y cuidar la soberanía de los ríos y lagos de todo el país, especialmente, en los puntos fronterizos.

En varias ocasiones, el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) demostraron que el empadronamiento se debía realizar en 2024, como lo estableció el Decreto 4824.

Los impulsores del paro exigieron una ley que garantice la entrega de resultado para septiembre de ese año, como sugirió el Tribunal Supremos Electoral (TSE). Así, la Asamblea Legislativa debatió, primero, en la Cámara de Diputados y luego en Senadores una norma.

Finalmente, el Gobierno promulgó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

Una parte del oficialismo aseguró que con esa norma “volvió la democracia pactada”, por haber sido consensuada con legisladores de oposición.

Mientras, otros dicen que “la ley fue promulgada para pacificar Santa Cruz”.

FUERTE CRÍTICA

El presidente Luis Arce deploró que se pretenda “incitar a la confrontación entre bolivianos, sirviéndose de una versión caricaturizada del regionalismo federalista, provocando dolor y muerte”, y aseguró que esos planteamientos deben “indignarnos a todos”.

Procesos contra líderes de Santa Cruz se unifican

Luego de varias contradicciones entre el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa y sus fiscales sobre los procesos contra los líderes cívicos, la Fiscalía informó que se activarán dos causas, una en La Paz y otra en Santa Cruz, en contra del presidente del Comité Cívico cruceño Rómulo Calvo; el gobernador Luis Fernando Camacho; y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, miembros del Comité Interinstitucional que encabezaron el paro indefinido por el Censo.

En un primer momento, se informó de múltiples denuncias presentadas contra los cívicos por los perjuicios y los hechos de violencia durante el paro indefinido. 

Luego, el Fiscal General dijo que se unificó en un solo caso los procesos penales, y la misma radicará en la ciudad de La Paz. 

Seguidamente, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, señaló que jueces de Chuquisaca y La Paz declinaron competencia, por lo que se derivó el caso a Santa Cruz, y el fiscal asignado a ese caso le informó que debía subsanarse el tema del control jurisdiccional.

Ahora, el fiscal Mariaca dio otra versión e indicó que se seguirán dos causas contra los cívicos, una en La Paz y otra en Santa Cruz.

Indicó que el caso denunciado en Sucre, será que el pase a la jurisdicción de Santa Cruz.

“Dicho proceso ha sido declinado a través de una resolución por parte de una autoridad judicial de Chuquisaca y resuelve declinar competencia, razón por la cual ahora ya se tiene un fiscal asignado al caso, con relación a esa denuncia, que emerge reitero de Chuquisaca y ahora se encuentra en Santa Cruz”, explicó Mariaca.

El Comité Interinstitucional impulsó un paro de 36 días. Los líderes políticos exigieron que el Censo se ejecute el 2023 para que los resultados sean aplicados en los comicios del 2025. El Gobierno finalmente decretó el 23 de marzo de 2024 para la ejecución del empadronamiento.

Denuncian que hay “persecución política”

Tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado sobre la agrupación de las denuncias contra Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, y Vicente Cuéllar en un solo caso, la respuesta de las instituciones cruceñas no se hizo esperar.

Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, calificó el proceso como “persecución política”, puesto que considera que el Gobierno estaría “utilizando a la Fiscalía y al Poder Judicial” para cobrar venganza por los 36 días de paro en el departamento.

“Está claramente demostrado que el Gobierno masista ha activado una operación de persecución en contra de los cruceños a causa del paro cívico, esta operación de persecución la están ejecutando con la Fiscalía y con el poder Judicial”, señaló Suárez.

Para Suárez, esto es una muestra de que el MAS está herido con Santa Cruz por la forma diferente de pensar de su población. “Santa Cruz ha mostrado al país que existe otra visión de país, una visión que no acepta que se vaya en contra de los derechos de los ciudadanos y que el país se maneje a capricho del Presidente, sino que se tiene que manejar en base a las leyes, un país que no quiere ser reprimido por la Policía y que la Policía más bien lo proteja y cuide de su familia”, dijo.

En la misma línea, el Comité pro Santa Cruz hizo público un comunicado en sus redes sociales donde denuncia persecución política por parte del Gobierno, que “con el afán de revanchismo y odio” y “utilizando a la justicia como su brazo represor”, está iniciando procesos penales contra los líderes y miembros del Comité Interinstitucional “por el solo hecho de haber cumplido el mandato del pueblo boliviano que ejerció su legítimo derecho a la protesta pacífica y constitucional”.

Más temprano, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que presentará al menos dos millones de testigos en el proceso legal que anunció el Gobierno en su contra por el paro por el Censo.