Si algo ha comprobado el paro de 36 días en Santa Cruz es que el Estado boliviano no funciona y avanza peligrosamente a una organización tribal en la que sólo vale la ley del más fuerte. Y, obviamente, éste es un argumento central para afirmar, más allá de las declaraciones altisonantes de los dirigentes que participaron en el conflicto, que el país ha perdido mucho en este episodio.

De hecho, que sea la definición de la fecha en que se realizará el Censo de Población y Vivienda el detonante visible del paro, da cuenta de una administración estatal inepta y sectaria. Peor si hasta el primer semestre de 2022 el gobierno anunciaba que se realizaría el domingo 18 de noviembre de 2022, para luego tratar de postergarla lo más posible.

La reacción contra esa dilación fue contundente y desató una de las movilizaciones ciudadanas más masivas de la historia, compuesta por “los bolivianos que vivimos en Santa Cruz”, como dice con precisión Carlos Hugo Molina.

Sin embargo, el gobierno optó por confrontarla con matones, por un lado, dirigidos por algunos ministros de Estado, y por el otro, tratando reavivar irresponsablemente sentimientos regionalistas, acciones que hicieron que el gobernador del departamento y los dirigentes del comité cívico, cayeran en la trampa e intentaran regionalizar la movilización, que pese a ello alcanzó una dimensión nacional.

En ese proceso se han abierto heridas que serán difícil de restañar, más aún si la desconfianza ciudadana frente al Estado ha alcanzado niveles pocas veces antes vistos, con la consiguiente pérdida de autoridad democrática frente a los diversos sectores de la sociedad.

Con el agregado de que el MAS, partido de gobierno, se ha fraccionado en un proceso de guerra interna despiadada que parece poco menos imposible de revertir, aumentado la dispersión y la confrontación.

Así, en esta nueva situación puede verse hechos como que el transporte libre cochabambino paraliza la ciudad porque no quiere que el Municipio mantenga cámaras de vigilancia que controlen el respeto a los semáforos y la restricción vehicular; o que en Quillacollo grupos de comerciantes hayan tomado las instalaciones del Gobierno Municipal reclamando porque se habría retirado una autorización a una de sus afiliadas.

Para peor, la Policía ha dejado de ser la institución que garantiza la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley, al haber sido convertida en un instrumento del gobierno de turno para imponer su voluntad. Así, como el paro de los transportistas y la movilización de los comerciantes afectan a los alcaldes de la oposición, la Policía brilla por su ausencia.

Se llega al máximo, cuando Evo Morales se queja de que el Servicio Nacional de Impuestos le quiere cobrar impuestos por los ingresos que obtuvo en su territorio con la organización de un campeonato internacional de fútbol o porque se haya hecho dueño, a través de las federaciones de cocaleros que dirige, de un plantel de fútbol. En el primer caso, porque esa acción habría servido para mejorar la imagen del país y, en el segundo, porque la transferencia del Club habría sido a título gratuito. Poco importa que ambas acciones de Impuestos estén respaldadas por normas que se emitieron en sus gestiones de gobierno.

De esta manera, sin mucho esfuerzo se encuentran ejemplos de este deterioro de diversa magnitud en todos los niveles del Estado y la sociedad.

Sin embargo, que la ciudadanía haya logrado una movilización como la que se dio en Santa Cruz o como lo hizo ante el referendo constitucional de 2016 o ante el fraude descomunal organizado por el gobierno de ex presidente fugado, abre las esperanzas en que será posible rencauzar al país…

El desafío es que se entienda que no es el tiempo de la disputa por el poder, sino de concertar acciones que, al reorganizar un Estado democrático, se pueda recuperar espacios legítimos para que esa disputa se desarrolle en forma democrática.

De lo contrario, todos seguiremos perdiendo…

Juan Cristóbal Soruco es periodista