El 23 de marzo de 2024, Bolivia realizará el Censo de Población y Vivienda, y abrirá la ruta para el debate de un nuevo pacto fiscal y la reasignación de los escaños legislativos.

Será el duodécimo censo de población y el sexto de vivienda de la historia nacional, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para llevar adelante la encuesta nacional, el Ejecutivo impulsó un proceso de diálogo que involucró a los gobiernos departamentales, alcaldías, autonomías indígenas originaria campesinas, la autonomía regional del Gran Chaco y las universidades públicas.

Ese diálogo concluyó con el trabajo de la Comisión Técnica que, luego de sesionar en Trinidad, entre el 5 y 9 de noviembre, recomendó realizar el empadronamiento entre marzo y abril de 2024.

Haciendo eco de la propuesta, el presidente Luis Arce fijó, mediante el decreto 4824, para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.

Los contenidos del decreto fueron recogidos por la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, promulgada el 2 de diciembre, y que terminó cerrando un conflicto y paro que duró 36 días.

La norma establece que sobre la base de los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir de septiembre de la gestión 2024.

De manera adicional, la Ley 1492 determina que el INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos oficiales de población “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

El nuevo escenario

Sin siquiera haber concluido el proceso pre censal, ya se instaló el debate de la necesidad de generar un nuevo pacto fiscal, una vez se realice el Censo en 2024.

Desde el Gobierno se planteó trabajar en una nueva fórmula de redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, que al momento solo toma en cuenta el número de población.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Enrique Leaño, se pronunció en favor de acordar nuevos factores, entre ellos planteó el Índice de Desarrollo Humano, para que los recursos económicos lleguen de forma equitativa a los diferentes gobiernos ediles.

“Ahora queremos ver si existe esa solidaridad de la que tanto pregonan algunos dirigentes de Santa Cruz, que dicen que luchan por toda Bolivia. Ahora veremos si realmente lo que predican practican, ojalá tengamos ese respaldo de todos y que no haya ningún desacuerdo en que la redistribución no sea solo por población”, afirmó en ese entonces.

Mientras que la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos consideró que “tenemos que discutir el pacto fiscal y lo vamos a discutir, Cochabamba genera el 52% de energía eléctrica de este país y lo producimos con cero regalías, obvio que nos interesa discutir el pacto fiscal”.

Su colega de Chuquisaca, el senador Santiago Ticona Yupari indicó que en ese debate debe primar los conceptos de “equidad, solidaridad y compensación”.

“Ojalá que los conceptos de equidad y solidaridad se pongan en práctica en el tema del pacto fiscal y cuando se esté haciendo la distribución económica”, señaló.

El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías y se realizó el 2017.

Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”.