El conflicto del Censo de Población y Vivienda entró en una pausa y derivará en varios conflictos colaterales en torno a la redistribución de recursos y escaños, los mismos que se reactivarán en 2024, ya que el próximo año Bolivia se concentrará en las elecciones judiciales, según el analista político Paul Coca.
“Los problemas del Censo no los vamos a tener el 2023, porque ese año tendremos otro tipo de conflictos, entre ellos, (el relacionado a) quiénes van a ser los candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Entonces el conflicto del Censo lo vamos a trasladar al 2024, de manera directa, cuando salgan los resultados de los recursos y la redistribución de escaños”, dijo el analista cruceño en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.
Coca afirmó que la norma aprobada solo es una “ley corta” para el 2024 rumbo a las elecciones generales del 2025. “No hay una ley del Censo, como alguna vez lo propusimos, que se establezca una cultura censal cada diez años y nos evitemos este mismo problema el día de mañana. No hay eso, los bolivianos, como siempre, y nuestras autoridades para variar, con la típica mentalidad cortoplacista de siempre”, cuestionó.
En otro aspecto de su análisis, Coca planteó un pacto fiscal más que compensaciones y llamó a las autoridades regionales a evaluar políticas de desarrollo para evitar mayor pérdida de población.
“Primero, el pacto fiscal se tiene que hacer mediante un acuerdo entre las regiones porque las regiones, departamentos, municipios, son los lugares donde se recauda el dinero. Así de sencillo. Cuando alguien paga un impuesto lo paga en equis lugar a cambio de la factura y esa persona tributa en base a su domicilio tributario, entonces lo primero que hay que hacer es que los propios departamentos se pongan de acuerdo en cuáles van a ser las reglas del pacto fiscal”, apuntó.
Segundo punto, añadió, los departamentos unidos tienen que sentarse a negociar con el nivel central del Estado para de una vez establecer la repartición económica y los mecanismos. “Que no sea una repartición solamente para un par de años y que sea modificable también en el tiempo”, señaló.
Respecto a la representación política, Coca dijo que si un departamento pierde un curul “es más que suficiente” diez años para recuperarlo o, incluso, tener más escaños. “Nosotros tenemos y necesitamos entender que las autoridades locales del departamento, que ha perdido un curul, tienen una década para ponerse a trabajar y generar condiciones de vida en ese lugar para que después de diez años los que se fueron puedan volver a casa, porque ahí van a tener trabajo y servicios básicos”, recalcó.
El analista propuso a la población a empezar a exigir a las autoridades locales a trabajar en planes de desarrollo no en base al próximo Censo, sino al del año 2034. “Lo primero que tiene que hacer cada región es quitar el sesgo político, y dos, establecer un plan de desarrollo hacia el Censo 2034 y eso tiene que consistir en hora y ruta crítica de qué han hecho bien y qué han hecho mal”, remarcó Coca.
