Con la expresión “reforma de la justicia” se hace alusión a la reforma de la administración de justicia, tan venida a menos en Bolivia, sobre todo en los últimos años. Es que, lamentablemente, hay muchísimos ejemplos que dan cuenta de la podredumbre en que se hallan sumidos el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, que hacen que las personas, independientemente de su posición política, la clase social a la que pertenecen, sus inclinaciones o aversiones de todo tipo, sientan asco y teman el caer en algún pleito, como se temía en el pasado a la peste y en la actualidad al covid.

Feminicidas en libertad, pedófilos que caminan las calles orondos, criminales que ordenaron cercar ciudades y matar de hambre a sus habitantes pontificando como si nada. Policías que, abusando del poder que tienen, reprimen brutalmente a la población que reclama la realización de un censo, a la vez que escoltan y protegen a grupos violentos paragubernamentales que agreden a diestra y siniestra a su paso, encabezados en algún caso por un ministro de Estado.

Podríamos preguntar cómo anda la investigación por la brutal agresión que sufrieron un periodista y un camarógrafo de un canal de televisión hace unas semanas en Santa Cruz y comparar ese caso con otro en el cual se acusa a personas de haber quemado la sede de una organización afín al gobierno. La diferencia es enorme, porque el primer caso no avanza, en tanto en el otro hay varias personas encarceladas. Preguntar cómo anda el caso Las Londras, que afectó también a periodistas. Interrogar acerca de si hace algo el Ministerio Público ante las evidencias de contaminación de los ríos del país con mercurio por parte de quienes se dedican a la explotación de minerales o ante la contaminación insoportable del medio ambiente en la ciudad de La Paz.

La respuesta invariable será que aquellos casos que involucran, incluso con montajes, a opositores al MAS, se investigan con todo entusiasmo y dedicación, en tanto verdaderos crímenes cometidos por delincuentes que militan en ese partido no son ni siquiera convocados a declarar en los varios casos en que se hallan involucrados.

Con seguridad diez columnas como la presente se agotarían solo con la enumeración de los distintos casos de actuación de una administración de justicia que es percibida en la actualidad por la ciudadanía como ciega, sorda, coja, insensible y con sabor a prostitución.

Ante esa lamentable situación, el colectivo Juristas Independientes, conformado por conocidos abogados y abogadas del país, ha formulado una propuesta de reforma de la justicia vía referéndum, porque entiende que es la vía idónea para acometer esta titánica tarea.

No es, por cierto, la única propuesta que se ha elaborado al respecto, pero sí es la única que, gracias al empuje de quienes conforman el mencionado colectivo y al de los miembros de sus diferentes comités departamentales constituidos al efecto, ha avanzado, al punto que ahora se encuentra a la espera de la entrega de los libros que permitirán recolectar el número de firmas establecido por el ordenamiento jurídico vigente, para proceder a un referéndum que dé paso a una reforma parcial de la Constitución, la cual, a su vez, permitirá la reforma de la justicia.

Hay unas cuantas voces que cuestionan la propuesta. Una de ellas, como era de esperar, surgió desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, que en lugar de sumar esfuerzos para reformar la justicia, como sería de esperar, se la pasa realizando cumbres y conformando comisiones sin que ninguno de sus cacareados intentos haya avanzado en lo más mínimo. Era de esperar, porque –se sabe– los gobiernos del MAS tienen en la administración de justicia uno de sus principales brazos represivos.

En otro caso, el cuestionamiento expresa una bien intencionada referencia a la importancia que en el tema tiene la formación de los estudiantes de derecho, aspecto que indudablemente debe tomarse en cuenta, pero sin postergar para las calendas griegas una reforma que, día que pasa, se torna más urgente.

Otro cuestionamiento es el de alguien que formula sus observaciones desde la comodidad de un escritorio, que no fue capaz, en su momento, de dar a conocer su propuesta para debatirla y que, por lo demás, no tiene ninguna posibilidad de movilizar a nadie, más allá de unas cuantas personas, pero sorprende a quienes no conocen el derecho lo mismo que a quienes creen conocerlo y permanecen anclados en la interpretación literal de la ley, que ha sido trascendida por otras escuelas.

Ahora se suma la intención de la Contraloría (que solo controla lo que le conviene) por defenestrar a uno de los miembros del colectivo, Juan del Granado.

La propuesta tiene cuatro preguntas, aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, que se someterán a referéndum para una reforma parcial de la Constitución en lo siguiente:

1. Creación de una Comisión Nacional de Postulaciones de funcionamiento permanente, con autonomía orgánica, administrativa y funcional integrada por nueve miembros que cumplirán funciones por 10 años sin derecho a una nueva designación y que seleccionará ternas de postulantes a máximas autoridades del Órgano Judicial, para su designación por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior aprobación o rechazo mediante referéndum.

2. Otorgar al Órgano Judicial un presupuesto mínimo anual del 3% del Presupuesto General del Estado y renovar del Consejo de la Magistratura con autonomía orgánica y funcional, integrado por siete miembros seleccionados en ternas por la Comisión Nacional de Postulaciones y designados por las instancias del Órgano Judicial para cumplir las funciones que le competen.

3. Hacer posible el ejercicio de la Justicia Indígena Originario Campesina en los ámbitos material, personal y territorial correspondientes.

4. Incluir en la Constitución un artículo que instituya juzgados de paz en los barrios de las ciudades del país, para la resolución de los conflictos menores que no tengan un carácter declarativo de derechos.

Es una propuesta seria, formulada por profesionales que conocen de la materia no solo en teoría y que merece el respaldo de la población.

La Plataforma UNO fomenta el debate plural y no necesariamente comparte loa puntos de vista del autor/a.