La Constitución aprobada en 2009, con irregularidades, la incapacidad de los órganos del Estado para enfrentar los distintos momentos de crisis que vivió el país, el excesivo presidencialismo y el último movimiento de Santa Cruz, que reclamó una nueva relación con el Estado, llevaron a un grupo de juristas expertos a preguntarse si Bolivia está viviendo un momento constituyente que abra el debate para reformular o plantear una nueva Carta Magna.

Un proceso constituyente, que luego de un amplio debate, se oriente por el cambio parcial o total de la actual Constitución; en un momento constituyente entendido a partir de una disponibilidad social y/o necesidad de reformar el texto constitucional, abriendo espacios de diálogo.

¿Por qué abrir la Constitución? ¿Qué se debe cambiar y qué no?

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia y Carmen Beatriz Ruiz, que participó en la Asamblea Constituyente de 2009, fueron los protagonistas de un diálogo –promovido por el Ceres– en el que coincidieron en que la manera en que se planteó la Asamblea, las mayorías impuestas, la forma ilegal en se procedió, la intervención del Congreso en medio de la Constituyente, la violencia y la intolerancia, “aplastaron” ese momento constituyente, que hoy se ve que fue inconcluso e incompleto, aunque discrepan en si realmente el país podría encarar hoy un proceso constituyente.

Rodríguez Veltzé sostiene que uno de los grandes problemas que tiene el país es la gobernanza democrática, expresada en las crisis, sobre todo en 2019, cuando sufrimos un “fracaso constitucional severo”. “No se trata, dice, de si fue un golpe o fraude, esa crisis representó un fracaso constitucional transversal en el que se puede identificar las falencias de los principales órganos de poder, las falencias de las instituciones democráticas y sobre todo la falencia en la posibilidad de constituirnos, de tener una sociedad diversa, plural, un país que pudo haber logrado un pacto social a través de una nueva Constitución”.

En ese sentido, los cuatro principales órganos de poder, el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, fracasaron sistemáticamente en la gobernanza del Estado.

Dice que la crisis de 2019 fue muy reveladora, “el órgano electoral se convirtió en un nuevo ente de poder”. Representado por el TSE, fue el que dio la primera muestra de incapacidad para sostener una elección en 2019, víctima de presiones, generando una escalada de desconfianza por la suspensión de resultados preliminares.

También hay un fracaso notable del órgano ejecutivo, en dos dimensiones; la incapacidad de contener la violencia por el descontento ciudadano y otra como resultado de un tradicional presidencialismo, una concentración excesiva de los poderes del Estado en la figura del presidente.

“La Asamblea Legislativa tampoco tuvo la capacidad de contener esa crisis. Su desempeño contribuyó a sostener una transición, a mi juicio abrupta y ajena al orden constitucional”, dice.

Y, finalmente, el otro detonante fue el órgano judicial, “que tal vez fue el que comenzó esta debacle o desconfianza generalizada cuando a través del Tribunal Constitucional emitió fallos favorables a intereses políticos. Esa fue una de las primeras manifestaciones de una crisis que ya venía de antes y que se consolidó como una falta de idoneidad judicial”.

Hiperpresidencialismo

En criterio del jurista y exmandatario, este hiperpresidencialismo, presente desde el inicio de la república –luego convertida en Estado Plurinacional– “es uno de los problemas más severos que tenemos”.

Apunta que el órgano ejecutivo, y sobre todo el presidente, no tienen una relación de contención o de equilibrio con la Asamblea Legislativa para que los contrapesos y balances funcionen y permitan una funcionalidad en las decisiones del ejecutivo y el legislativo, lo cual se expresa precisamente en el texto constitucional, cuando el presidente tiene cerca de 30 atribuciones que las ejerce como jefe de Estado.

“Esto lo vemos en esta crisis, cuando es el presidente el que podría actual y tener una posibilidad de diálogo con el legislativo, pero eso no sucede, porque se invoca el orden constitucional para poner en un texto de debate si son competencias privativas, o que si la ley puede estar por encima de un decreto. Todo eso representa un diseño fallido de coexistencia de gobernanza democrática”.

Y agrega que los presidentes asisten una sola vez a la Asamblea Legislativa “para leer un texto de informe, que no puede ser debatido y no tiene consecuencia alguna”, lo que muestra la adhesión a un modelo presidencialista que en los orígenes de la república se asemejaba al modelo liberal norteamericano, que hoy también está en entredicho.

Por esos argumentos, concluye que “hay demasiados motivos para pensar que vivimos un momento de reflexión constituyente en el que deberíamos examinar, después de 12 años, si lo que aprobamos en 2009 es lo que debería seguir vigente o deberíamos pensar en alternativas”.

Agrega que “las constituciones no son inamovibles o deben durar décadas; un estudio da cuenta que el promedio de duración de una constitución en todos los Estados del mundo es de solo ocho años. Cada ocho años, promedio, los países o las renuevan o las enmiendan, de manera que no debemos tener esa idea de que la constitución es intocable”.

Un proceso abortado

El exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia, considera que el país está viviendo un momento constituyente en el que el debate gira en torno a la Constitución, un debate que viene desde hace mucho tiempo.

“El hecho de que tengamos una Constitución no quiere decir que haya surgido de un gran acuerdo para alcanzar su maduración. La Constitución de 2009 no tuvo en la Asamblea Constituyente una culminación natural, sino que fue un proceso abortado porque no se logró alcanzar un nivel de discusión y debate que permita a los actores y a la sociedad involucrarse en ellos. Además fue un aborto muy ligado a un discurso político-partidario, legítimo en democracia, pero con rasgos complejos”, estima.

Además, y como segundo punto central, dice que el tema de la plurinacionalidad nunca fue entendido en su total dimensión.

“En un Estado Plurinacional, lo que menos puede mandar es la mayoría, porque la plurinacionalidad implica que las distintas identidades existentes tienen igual peso e importancia. Tampoco se logra entender que la plurinacionalidad es abierta y por lo tanto tratar de reducirla a los pueblos originarios y campesinos no tiene sentido, como tampoco tiene sentido ignorar que hay otras identidades que hacen a esa plurinacionalidad, ligadas a lo territorial”.

Por ello, advierte que es complejo es mantener un sistema presidencialista para un Estado Plurinacional, en tanto el presidente es expresión de esas mayorías.

A su análisis agrega un tema no menos importante, como un sistema judicial que no funciona. “Si no se encara ese problema constitucional, este Estado va a colapsar en el corto o mediano plazo”, advierte Goitia.

Y sobre la Constitución actual, afirma que “es difícilmente digerible y por lo tanto estamos en un escenario de permanente crisis porque esta Constitución trae una serie de contradicciones que tornan inviable seguir manteniéndola como está”.

“No es menos importante agregar que desde la emergencia de estas constituciones, no solo la de Bolivia, sino la de Ecuador o Venezuela, las advertencias sobre la apertura para regímenes autoritarios no fueron escuchadas”.

Afirma que Rubén Martínez y Roberto Viciano, los españoles que participaron en la redacción de la Constitución de 2009, alegan que el problema no está en la Constitución, sino en los actores políticos, que aprovechan las flaquezas de ese texto “para llevar a cabo actos que tienden a afianzar gobiernos autoritarios, y esa es una constatación casi incontrastable porque lo que busca es la perpetuación en el poder antes que de fortalecimiento democrático”.

Concluye en que el país vive un escenario complejo “que nos guía a identificar que si no encaramos este momento constituyente con solvencia y solidez vamos a terminar explotando”.

Fragmentación de las fuerzas políticas

La comunicadora y novelista Carmen Beatriz Ruiz, dice que “no está segura de que Bolivia esté entrando a un momento constituyente”, porque “pese a un acuerdo aparentemente general sobre la necesidad de revisar críticamente en ya casi dos décadas de gobierno masista, hay demasiada polarización social, política y por otro lado una enorme fragmentación de las fuerzas políticas”, lo que ahondaría más las diferencias y divisiones, dificultando también la aceptación de posibles ideas propositivas para una nueva Constitución, o al menos para mejorar la actual.

“Como estamos viendo en el proceso del censo, prima el forcejeo, del todo o nada, una situación de confrontación difícilmente podría encausarse hacia un proceso constituyente”.

Sostiene que para llevar a cabo un proceso constituyente se requiere mínimamente un liderazgo político autorizado y reconocido por todas las fuerzas, lo que en su momento fue el liderazgo de Eduardo Rodríguez y posteriormente la abrumadora mayoría de Evo Morales.

“En este momento, al MAS en función de gobierno no le interesa abrir la Constitución. El MAS evista está en plan de confrontación y el MAS partido es escenario de una pelea interna de cuya violencia estamos viendo suficientes muestras; mientras que la oposición es débil y dividida. No veo un liderazgo político institucional o partidario que podría conducir un posible proceso constituyente”, apunta.

Recurre a su experiencia constitucional entre 2004 y 2009 y a los antecedentes previos a ese periodo, sobre las consignas públicas que demandaban una constituyente. Organizaciones campesinas e indígenas bajo una bandera potente de demanda de inclusión, particularmente liderada por la Cidob que incluso presentó una propuesta de Constitución en 2006 “en cuyo corazón late una línea transversal de derechos indígenas, algunos de los que han quedado en la letra de la Constitución y están siendo bombardeados por las dos décadas de gobierno masista”.

Citando a Rodríguez Veltzé, que hizo una referencia a que las crisis deben llevarnos a replantear un pacto social, dice que “no cree que la solución por el desastre sea un buen camino para discutir la Constitución”.

“Rodríguez Veltzé, en 2005, convocó a un grupo de personas para un consejo nacional que se llamó Consejo Nacional Preconstituyente y Preautonómico, ese consejo planteó algunas líneas para hacer viable ese proceso, pero pese a su buena intención fue dinamitado por la presión de la política en las calles. Y cuando Morales convocó a la composición de la Asamblea Constituyente en marzo de 2006 la gran mayoría de integrantes, mujeres, campesinos, etcétera, no tenían experiencia política, pero sí el valor de su autoidentificación, lo cual no es un dato menor”.

Recuerda que el inicio de ese proceso fue conflictivo: ocho meses de confrontación que tomó la lucha por la aprobación, que no se logró, de dos tercios para la nueva CPE. “El MAS mostró abiertamente su vocación aplanadora. El final fue abrupto, con una Constitución forzada, impuesta por el MAS y con una gran carga de reconocimiento de identidades diversas. Esa experiencia me lleva a plantear que, en un momento constituyente, es tan importante tanto el proceso como el producto. Los niveles de representatividad, los discursos, la credibilidad de la convocatoria y la aprobación pública de los resultados. Más allá de la opinión de los constituyentes y no veo que estas condiciones se cumplan en este momento”.

También sostiene que “es esta nuestra cultura de fetichismo jurídico, que nos lleva a confrontarnos en torno a leyes y decretos que una vez oleados y sacramentados pasan al archivo del nunca jamás, se cumplen poco o no se cumplen. Esa certeza que tengo del fetichismo jurídico me hace dudar de que el camino hacia un nuevo proceso constituyente sea el camino para intentar resolver la situación catastrófica”.

“Creo que la Constitución podría abrirse de a poco en el camino que está intentando marcar la comisión de juristas independientes, un camino que podría ayudarnos a medir fuerzas a través de recolección de firmas, mostrar el poder de la convocatoria ciudadana y, ojalá, visualizar nuevos liderazgos”.

También aclara que se debe planificar una agenda “abierta” de temas, una agenda en la que se pueden incluir temas como el federalismo. “No hay nada peor que lo que no se quiere discutir; en democracia no debe haber temas tabú”.

Como reflexión final, Rodríguez Veltzé destaca que “se debe recuperar el poder constituyente que es de los ciudadanos y no de los actores políticos. Uno de los desafíos más grandes que es la gente retenga ese poder y lo ejerza, evitando que el poder constituido se apropie de él”.

“En Bolivia se han producido episodios entre una democracia que se intenta vigorizar, con el fenómeno de la presión en las calles por movimientos no necesariamente institucionales que obligan al poder constituido a modificar políticas de Estado y se produce un péndulo entre el sistema democrático estable con lo que se podría llamar oclocracia, o el poder de la calle y eso es lo que está volviendo a suceder”, cierra el expresidente.