La demanda de Santa Cruz por recibir lo que le corresponde por tener mayor población es inobjetable. Es por eso que la Constitución Política del Estado y las leyes lo determinan así: a mayor población mayor representación y recursos.

Por eso es que para Santa Cruz la decisión del gobierno de posponer el censo que debía realizarse en noviembre 2022 a mayo-junio de 2024, lo cual aplazaba la implementación de los resultados del mismo en cuanto a recursos y escaños -que es lo que verdaderamente importa- hasta después de las elecciones del 2025, era inaceptable. De ese modo el gobierno ponía a Santa Cruz, liderado por la Comisión Interinstitucional (CI), ante la alternativa de aceptar posponer sus legítimos derechos sin una explicación o justificación válida o resistir activamente. Ante la disyuntiva de humillación o resistencia el CI optó por lo segundo, haciendo el paro inevitable.

Es por eso que el gobierno tiene la responsabilidad del perjuicio derivado del paro, doblemente responsable porque ante el inminente paro, y después de iniciado el mismo, no reconsideró su posición y llegó a un arreglo razonable cuando estaba en sus manos hacerlo. Al contrario, inició un cerco a Santa Cruz, cortó el suministro de gasolina y mandó sus huestes a hostigar a la población.

Sin embargo, se aprobó el proyecto de ley que supuestamente asegura, a partir de los resultados del censo, la reasignación de recursos el 2024 y de escaños para la elección del 2025, tanto en la cámara de diputados –lo cual dio lugar a la suspensión del paro- como en el senado.

Pero en vez de declarar victoria el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, hizo una afirmación desafortunada intentando justificar la suspensión del paro, declarando que la consigna irrenunciable “censo 2023” del primer cabildo había sido un mero concho, vale decir, un desperdicio. ¿O sea que la consigna, proclamada como bandera inalterable por un inmenso cabildo, de un momento a otro se volvió desechable? ¿El cabildo, su mandato y los 36 días de paro con el consecuente costo para la ciudadanía fue por algo que se podía botar a la basura? Con esa declaración se trivializa la que supuestamente fue la razón de ser de la lucha: el censo 2023, y se menosprecia a la gente que la llevó a cabo con tanto sacrificio. Esa declaración tiene el sabor de la autojustificación de aquel que sabe que no se logró el objetivo original, aunque ese objetivo, en el fondo, no haya sido el apropiado, y ahora quiere quitarle importancia para disimular ese fracaso.

El planteamiento inicial del CI demuestra los riesgos de llevar a cabildos posiciones superficiales y rígidas que atan las manos de aquellos que las proclaman al momento de negociar. El CI, al demandar que el censo sea realizado el 2023, puso la carreta antes que los bueyes. El censo es sólo el medio por el cual se podrá obtener el fin que Santa Cruz quiere lograr, cual es mayores recursos el 2024 y escaños el 2025, porque ¿de qué sirve que el censo se realice el 2023 si recién se podrán implementar los resultados a partir del 2026? Insistir en una fecha más temprana que tarde sólo se justificaba para asegurar resultados el 2024, pero la fecha exacta del censo era eminentemente negociable, sujeta a consideraciones tanto técnicas como políticas, mientras que la asignación de recursos y escaños antes del 2025 no era negociable. El CI debió pedir del cabildo un mandato para obtener más recursos y escaños antes de la elección del 2025, dándose de este modo margen para negociar la fecha del censo y para implementar medidas de presión para forzar al gobierno a atender sus demandas según cómo avanzaran las negociaciones.

Si Santa Cruz necesitara nuevamente reivindicar sus intereses, o aun nuevamente reclamar por recursos y escaños antes del 2025 si el gobierno diera marcha atrás, lo cual no es impensable dado que ambas alas del MAS consideran que no es de su interés esa redistribución, ¿será que Santa Cruz pueda entrar a otro paro después de que tanto sacrificio no logró su finalidad inicial? ¿Con qué autoridad moral y con qué argumentos esta vez podría el CI llamar a otro cabildo para pedir otro sacrificio después de que no se logró el censo el 2023 y se despreció ese mandato?