Después de 36 días se ha levantado el paro cívico cruceño, el cual ha demostrado el poder de la sociedad civil para defender causas compartidas y para rechazar los abusos de poder de los gobernantes, que con sus abusos lo único que consiguieron fue profundizar la convicción de la población de que se protestaba por una causa justa. Al mismo tiempo, el que un conflicto se haya prolongado tanto, a pesar de su alto costo económico y social, refleja el fracaso de la política y la ausencia de las instituciones que deben resolver los conflictos democráticamente sin que los ciudadanos tengan que ir a las calles y, peor aun, enfrentarse entre sí.

Efectivamente, tanto el acatamiento voluntario del paro por la inmensa mayoría de los habitantes del departamento, con todo el sacrificio que supuso para las personas, sus familias y las empresas, comprueba que en Santa Cruz se ha ido gestando un sentimiento profundo, arraigado y compartido, de convicciones democráticas, de lucha por la libertad, y de compromiso con los principios que sustentan las bases de un modelo económico y productivo que se vuelve la fuente de oportunidades y prosperidad para todos quienes viven y vienen a vivir a este departamento.

La multitudinaria asistencia a los dos cabildos es un reflejo de estas convicciones, pues todo el país fue testigo de que la población llegó por su propia cuenta y sin mayor organización previa. En el segundo cabildo, incluso la gente llegó en mayor número y sin medios de transporte, lo que multiplica el valor de su asistencia. Esta participación es más notable porque no responde a un líder en particular, aunque obviamente en cada cabildo hay quien lo convoca, sino que expresan una identidad y un compromiso compartido de defender un pueblo del que cada vez mayor número de bolivianos se siente parte, así como reivindicar los derechos colectivos de los que depende su bienestar y progreso individual.

Al mismo tiempo, sostengo que la política fracasó porque condujo a la ciudadanía a un conflicto que no tenía sentido, dado que sólo había que cumplir lo que dicen la Constitución y las leyes para evitarlo, y demoró 36 días en lograr una solución parcial que permitió levantar las medidas de hecho, a la espera de que el Senado ratifique la ley aprobada por los diputados y el Presidente la promulgue.

Peor aun, la política promovió el enfrentamiento de ciudadanos entre sí, lo que ya no sólo implica el fracaso de la política sino su más perversa distorsión, sentando peligrosos precedentes que provocan un mayor desprestigio de las instituciones, en las cuales la población ya no confía, e incluso rechaza, lo que obviamente socava las bases de las instituciones democráticas.

La utilización de la autoridad que la Constitución confiere a los cargos electos para confrontar a los ciudadanos implica una verdadera traición a la misión fundamental de la democracia, cual es la convivencia pacifica entre ciudadanos que piensan diferente, la resolución pacífica de los conflictos en la sociedad, entre partes que no sólo piensan diferente, sino que tienen intereses diferentes.

Sería ingenuo pensar que los responsables que causaron este conflicto hayan aprendido y reorienten sus políticas y acciones por el cauce democrático, puesto que la apuesta por la polarización sigue guiando las decisiones de las principales autoridades del Movimiento al Socialismo y con esa visión conducen el gobierno nacional, más allá de las disputas internas que ya son de conocimiento público. La tentación por la polarización permanente es un problema generalizado de la democracia moderna y a ella acuden todos quienes tienen inclinaciones populistas.

Para concluir y ratificar el título de este artículo, si la gente tiene que buscar la solución por su propia cuenta es porque la política y sus representantes fallan, y si bien la sociedad civil ha demostrado su fortaleza y generado un equilibrio democrático de profundas y positivas consecuencias para el futuro del país, no es menos cierto que para preservar la convivencia pacifica entre los bolivianos es imprescindible reconstruir la institucionalidad democrática y el sistema político para que las diferencias se resuelvan en los debates y no en las calles.